La diputada del FpV Andrea Conde presentó este martes en el Palacio Legislativo porteño un proyecto de ley, mediante el cual busca “desarrollar medidas que faciliten el acceso a una solución habitacional a mujeres que se encuentran en una situación de violencia de género” dado que “el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a una vivienda definitiva a todas las mujeres, en igualdad de condiciones”.

De esta manera, la normativa establece que las destinatarias son “mujeres mayores de edad o emancipadas en situación de violencia de género -según los tipos y modalidades contemplados en la Ley Nº 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales- sin distinción de etnia, discapacidad e identidad”.

Es así que para acceder a los beneficios que prevé la normativa, las mujeres deben acreditar “mediante cualquier tipo de certificación –ya sea de organismo público o privado- haber recibido atención en virtud de una situación de violencia de género” y “demostrar ingresos que permitan establecer una relación con el monto mensual de alquiler”. Asimismo, el texto detalla que “se consideran prioritarios los casos en los que la mujer cohabite con el agresor y/o en un contexto socio familiar donde la mujer se encuentre en situación de riesgo”.

Por otra parte, estipula la creación de un subsidio destinado a brindar alternativas habitaciones transitorias para mujeres en situación de violencia de género, a fin de solventar los gastos de acceso a un contrato de locación de vivienda urbana en el distrito capitalino.

Entre los fundamentos de la medida, la legisladora recordó que “de acuerdo a los datos relevados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, en el primer semestre de 2016, se recibieron en promedio una denuncia por agresiones a mujeres en la Ciudad cada 30 minutos, y de cada dos casos que investiga un/a fiscal, uno corresponde a violencia de género” y añadió que “este estudio registró 8572 víctimas que radicaron denuncias, lo que refleja un incremento del 25% respecto del mismo período del año 2015”.