El Senado continuó este martes con las rondas de consultas con especialistas y familiares en torno a la ley de protección a las víctimas del delito, en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.

En el Salón Illia expusieron Fernando Díaz Cantón -abogado y docente de la UBA-; Raquel Asensio -miembro del Ministerio Público de la Defensa-; y Carolina Píparo -baleada por “motochorros” en una recordada salidera bancaria en 2010-.

También Matías Bagnato -sobreviviente de la masacre de Flores en 1994-; Consuelo Fraga -de la ONG “Víctimas por la paz” y Emmanuel Terrón -su hermano fue asesinado en Avellaneda el año pasado-.

El proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, apunta a que el Estado garantice la atención integral de las víctimas, que además contarían con patrocinio legal gratuito, aunque oficialismo y oposición trabajan en cambios al texto original, lo que retrasaría la sanción de la ley.

Al abrir las exposiciones, Fernando Díaz Cantón destacó que “el imputado se enfrenta a un sistema donde el error y el abuso están a la orden del día”.

Asimismo, sostuvo que “lo que no existe, y este proyecto considera, es una oficina de asesoramiento y patrocinio gratuito de las víctimas de los delitos considerados gravísimos”.

No obstante el abogado y docente de la UBA consideró que “este proyecto no fue mirado por expertos del derecho penal ni por expertos en derecho procesal” y que “hay cierta liviandad en la redacción”.

A su turno, Asensio a cargo de la Comisión sobre Temáticas de Género del Ministerio Público de la Defensa aseguró que “hay obstáculos en la justicia para concretar la protección de la mujer víctima de violencia y por eso es importante que el patrocinio jurídico sea especializado y entrenado para las características de cada caso”.

En tanto, Carolina Píparo manifestó que “son muy pocas las víctimas que pueden sustentar una querella y a los abogados les cuesta defenderlas. Por eso la mayoría de las víctimas no tienen ni un culpable ni un juicio”.

Por su parte, Matias Bagnato, “agradeció la posibilidad de que nos escuchen”. “Saquen la mejor ley y hagan las modificaciones que consideren necesarias pero por favor apruebenla”, marcó.

Consuelo Fraga consideró que “las víctimas quieren que las leyes se cumplan y que se respete la justicia”.

Tras la plenaria, se reunió la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, cuyo titular, Pedro Guastavino, dijo que si bien “no habrá un tratamiento exprés” para la modificación de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, “la idea es avanzar lo más rápidamente posible en el tratamiento de este proyecto de ley, pero con el cuidado de sacar el mejor dictamen posible”.

Por tal motivo convocó a la comisión que preside para este jueves a las 11, con el objeto de escuchar “a quienes tienen intenciones de exponer sobre el proyecto, escuchar las distintas opiniones que enriquezcan el debate con el objeto de sacar el mejor dictamen posible”, subrayó Guastavino.

En relación al proyecto, el legislador entrerriano resumió: “Es un proyecto de ley que básicamente restringe las libertades transitorias y condicionales de los condenados por delitos graves y gravísimos, e incorpora otro tipo de delitos. Modifica el artículo 56 bis de la ley de ejecución penal y el artículo 14 del Código Penal de la Nación”. La ley tiene media sanción de la Cámara de Diputados.