Los diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió y Fernando Sánchez pidieron este jueves a la Justicia que se investiguen las operaciones inmobiliarias por parte de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y que se revise el manejo del presupuesto del organismo.

La presentación fue realizada ante el juez de instrucción Rodolfo Cresseri, en una causa por el alquiler de un inmueble ubicado en avenida Corrientes 1615, que nunca se utilizó, según informó la agencia NA.

Se trata de una investigación distinta a la que lleva adelante el juez federal Julián Ercolini por la compra del edificio ubicado en Juan D. Perón 667, donde funciona actualmente la Procuración General de la Nación, ante la sospecha de pago de comisiones indebidas y sobreprecios.

Los diputados nacionales pidieron que se investiguen las compras realizadas por el Ministerio Público, no solo en la locación del edificio de avenida Corrientes 1615, sino también por la adquisición de mobiliario.

El alquiler fue celebrado con la firma VBR Group S.A. con fecha 17 de diciembre 2015 y, por ello, los legisladores señalaron: “Nos encontramos ante operaciones que podrían haber constituido delitos, ya que se realizaron sin observar la normativa y los procedimientos aplicables y que permitieron un dispendio de dinero por muebles e inmuebles que no se llegaron a utilizar, además de usar presupuesto para ejercicios futuros, lo que contraviene la ley 24.156”.

“Los hechos reseñados de manera precedente, podrían configurarse dentro de la misma matriz que se investiga en la presente, ya que nos encontramos ante gastos vinculados con cuantiosas operaciones mobiliarias e inmobiliarias que se realizaron de manera irregular y sin observar, como mínimo, los principios de economía, eficiencia y eficacia en el ejercicio presupuestario, circunstancia que debe ser investigada, a los fines de establecer o deslindar responsabilidades”, afirmaron Carrió y Sánchez en su presentación.