La líder de la CC-ARI, junto al diputado Fernando Sánchez y la exlegisladora Fernanda Reyes, acusó a todos los integrantes del Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad durante el período 2010-2015.
Una nueva denuncia ante la Justicia presentó este martes la diputada nacional Elisa Carrió. Esta vez, la líder de la Coalición Cívica arremetió contra de sus pares Diego Bossio (Justicialista) y Axel Kicillof (FpV-PJ), a quienes acusa de “defraudación” por “administración fraudulenta” durante su participación en el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS.
La aliada de Cambiemos, junto al legislador de su bloque Fernando Sánchez y la exdiputada Fernanda Reyes, realizó la presentación judicial contra todos los integrantes que conformaron el FGS durante el período 2010-2015, bajo la gestión kirchnerista.
Por lo tanto, además de alcanzar al extitular de la ANSeS y al exministro de Economía, incluye a Santiago López Alfaro, Adrián Consentido, Emmanuel Antonio Álvarez Agis, Pablo Julio López, Juan Carlos Pessoa, Hernán Lorenzino y Roberto Feletti.
La denuncia recayó en el juzgado federal N°2, a cargo del juez Sebastián Ramos y la fiscal a cargo es Paloma Ochoa.
En el escrito, los dirigentes de la CC-ARI sostienen que “si bien durante toda la gestión existieron depósitos a la vista en diversos bancos, principalmente en entidades públicas, que no generaron ningún rendimiento para el FGS, en el segundo cuatrimestre de 2015 se descubre un inédito crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en Banco Macro”.
“Esta preferencia arbitraria hacia esta entidad adquiere un evidente carácter delictivo que llega a su punto máximo en noviembre de ese año cuando en la asignación de los depósitos a la vista del FGS, el Banco Macro superó incluso al Banco Nación con una participación del 34% en el total de las disponibilidades del FGS en cuenta corriente”, se detalla.
Y subrayan: “esta arbitrariedad ya había sido observada en el manejo de los plazos fijos respecto a años anteriores, algo cuestionable en términos políticos y administrativos”.
De acuerdo a la denuncia, “esta maniobra implica que se ha generado un costo de oportunidad al FGS, en el segundo semestre del 2015, de aproximadamente 280 millones de pesos, si se toma en cuenta la tasa de referencia de instrumentos de corto plazo en los cuales estas disponibilidades podrían haber sido invertidas. Mientras que se estima que se perdieron alrededor de 1.000 millones de dólares entre 2010-2015 tomando en cuenta todas las disponibilidades en diversas cuentas a la vista”.
“Para mayor claridad, la cuenta corriente del Banco Macro mantuvo entre enero de 2012 hasta el primer semestre del 2015 un saldo promedio de 780 millones de pesos sin grandes alteraciones (lo cual insistimos que ya era en sí una decisión muy cuestionable). A partir del segundo semestre se triplicó este promedio con un pico máximo en noviembre del 2015 casi cinco veces superior al de años anteriores (3.764 millones de pesos)”, añaden Carrió, Sánchez y Reyes en su presentación.
Para los denunciantes “esta maniobra tuvo como consecuencia que el Banco Macro se vio favorecido en su operación habitual por el mismo monto en que se vio perjudicado el FGS y en consecuencias los jubilados, por lo que es importante que se investigue la connivencia entre las autoridades del Banco y los funcionarios públicos”.
“Si algo acaso faltase para confirmar la maniobra delictiva que aquí venimos a denunciar es que, con el cambio de gestión, los niveles de disponibilidad se redujeron sin perder liquidez desde el año 2016”, afirmaron los dirigentes.
