El fiscal de Investigación Penal 1 de Jujuy, Diego Cussell, solicitó la detención del exgobernador de esa provincia Eduardo Fellner y de otros ex funcionarios de su gestión involucrados en la megacausa en la que es es acusada la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala.

Según se informó, este lunes el juez de la causa, Isidoro Cruz, dará una conferencia de prensa para brindar detalles del dictamen del fiscal, que consta de más de 50 cuerpos y que era analizada por el juez este fin de semana.

Entre los pedidos de detención, además de Eduardo Fellner figura el exministro de Tierra y Vivienda de Jujuy Luis Cosentini y el extitular del Instituto de la Vivienda y Urbanismo de la provincia Lucio Abregú.

Fellner es investigado por un decreto sancionado durante su gestión, que creó en 2007 la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), la cual administró los recursos presupuestarios provenientes de Nación destinados a la construcción de viviendas sociales en Jujuy. Allí se investiga el supuesto desvío de 1.200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales.

Fellner ha sido imputado por “presunto abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos concursados realmente con coautoría de fraude a la administración pública”.

El Consejo Nacional del Partido Justicialista manifestó su preocupación ante lo que definió como “el grave requerimiento de pedido de detención”. “Consideramos que no hay motivo alguno para solicitar la detención de Eduardo Fellner ni de ninguno de sus colaboradores, siendo que estos siempre estuvieron ajustados a derecho y a disposición de la justicia para cualquier requerimiento sin entorpecer su accionar, por eso sostenemos que no se ve cuál es el sentido del pedido de detención”, señaló el PJ a través de un comunicado.

Para el Partido Justicialista, “llama la atención, y debemos señalarlo, que estas situaciones relacionadas con sacar a la luz cuestiones que tienen que ver con involucrar con temas judiciales a dirigentes políticos de la oposición se producen en cercanías de un proceso electoral”.

Tras expresar su esperanza porque “haya compresión” de parte del juez interviniente y que “se respeten las garantías individuales del debido proceso de todos los involucrados en la misma”, advirtieron que “estos hechos que hoy tienen de protagonista a un exgobernador, como así también a otros miembros que integraron el anterior gobierno, constituyen actos de grave amedrentamiento político y que lo único que hacen es profundizar aún más la división entre los argentinos”.

“La Argentina tiene que salir de esta mecánica de la denuncia permanente que impactan sobre funcionarios del anterior gobierno y que hoy también lo hace sobre los de este gobierno y sus allegados”, concluye el PJ.