La presentación fue realizada ante el ENACOM por un grupo de diputados nacionales y cineastas que reclamaron por la falta de sanciones ante la irregularidad constatada.
Un grupo de diputados nacionales y cineastas presentó una acción de amparo contra el ENACOM por incumplimiento del artículo 67 de la Ley N° 26.522 referida a la cuota de pantalla del cine y artes audiovisuales nacionales.
La presentación fue realizada por los diputados nacionales del Frente para la Victoria Liliana Mazure, extitular del INCAA, Carlos Castagneto, Marcos Cleri, Eduardo Seminara y Eduardo Grana, junto a Domingo Genaro Galettini, presidente de Directores Argentinos Cinematográficos; Luis Puenzo, David Blaustein, Marcelo Piñeyro y Julieta Laborde, y quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2 Secretaría N°3.
El artículo que no se estaría cumpliendo obliga a los licenciatarios de servicios de televisión abierta a “exhibir en estreno televisivo en sus respectivas áreas de cobertura, y por año calendario, ocho (8) películas de largometraje nacionales, pudiendo optar por incluir en la misma cantidad hasta tres (3) telefilmes nacionales, en ambos casos producidos mayoritariamente por productoras independientes nacionales, cuyos derechos de antena hubieran sido adquiridos con anterioridad a la iniciación del rodaje”.
El incumplimiento de esta norma surge del informe del jefe de Gabinete brindado en la Cámara de Diuptados el 22 de marzo de 2017, donde informó sobre “el mínimo grado de cumplimiento por parte de los licenciatarios de televisión”, como así también “las inexistentes actuaciones del organismo de contralor estatal en el ejercicio de sus deberes de contralor, en función de preservar el financiamiento indirecto de la industria audiovisual, cumplimiento de las políticas de Estado refrendadas por Ley de la Nación aprobada por amplia mayoría legislativa”.
“Claramente la omisión por parte del ENACOM en la adopción de medidas de carácter administrativo”, señala la presentación, constituye “una decisión que va en dirección contraria a la defensa de los intereses nacionales”.
La presentación fue acompañada por los abogados Eduardo Barcesat, Arístides Corti y Jorge Cholvis.
