A tres días del cierre de listas de candidatos, la Cámara baja logró el quórum necesario para realizar la sesión especial convocada por el oficialismo, que arrancó a las 12:18. La norma garantiza el patrocinio jurídico gratuito y les a las víctimas una mayor participación en el proceso judicial.
La Cámara baja sesiona desde las 12:18, con el fin de convertir en ley el régimen de protección a víctimas de delitos, impulsado por el Frente Renovador en Diputados y que sufrió modificaciones en el Senado el pasado 31 de mayo.
A pesar de estar a tres días del cierre de listas de candidatos para las elecciones legislativas, la convocatoria del oficialismo reunió el quórum necesario con la presencia de 136 diputados en el comienzo, para tratar una iniciativa fuertemente reclamada por la sociedad y el colectivo “Para que no te pase”.
La sesión especial se convierte así en un hecho inusual, en medio de una semana marcada por las negociaciones de último momento y la definición electoral de los distintos partidos.
Luego de que los referentes de 1País, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, citaran a una sesión para este jueves, para tratar no sólo este proyecto sino diferentes iniciativas, el oficialismo salió a convocar la reunión un día antes con la ley de víctimas como único tema.
No obstante, en el massismo aclararon que la convocatoria del jueves sigue en pie, aunque no tiene respaldo de Cambiemos ni del Frente para la Victoria-PJ, por lo cual el quórum no alcanzaría ni con la participación de otros bloques.
La ley de víctimas
El proyecto surgió de la marcha realizada en octubre bajo la consigna “Para que no te pase”, que juntó a víctimas de sucesos emblemáticos, como Carolina Píparo -baleada en una salidera bancaria- y María Luján Rey -madre de Lucas Menghini, uno de los pasajeros que fallecieron en la tragedia de Once-.
Una de las principales novedades es que se le otorga a las víctimas de delitos el derecho a asistir a las declaraciones de los testigos –con facultad para hacer preguntas y pedir aclaraciones a través de su patrocinante o fiscal interviniente- y a recibir asesoramiento y asistencia tanto en el proceso como durante la ejecución de la pena.
También habilita a la víctima a constituirse como querellante, y se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas, que en esos casos deberían hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la culminación del proceso y el agotamiento de la pena.
A su vez, la autoridad interviniente quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso, y a su vez quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones.
El proyecto además dispone protección especial a discapacitados, menores de edad y mayores de 70 años, y también a las personas que tengan una relación de convivencia, dependencia económica, afectiva o laboral con el supuesto autor del delito.
Dentro de las modificaciones acordadas en el Senado, se incorporó a la norma la figura de un defensor público de la víctima, que tendrá que ser designado uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, se dispondrá una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que actuarán como defensores coadyuvantes.
El debate
En el arranque del debate, la radical Gabriela Burgos sostuvo que “ponderar a las víctimas en el proceso judicial es una deuda que se tenía desde años” y destacó que el año pasado, cuando la norma recibió la media sanción en Diputados, “hubo voluntad política para cambiar ese paradigma” y posicionar a las víctimas en “un lugar óptimo”. “Otorga un gran cúmulo de derechos que les permiten participar de manera activa y directa”, agregó.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal detalló los lineamientos centrales de la norma, entre los que mencionó que se distingue una “especial atención” a quienes hayan sufrido delitos por parte de “asociaciones ilícitas, por delitos contra la integridad sexual, aquellas que han sufrido un daño contra su vida, y las mujeres víctimas de delitos por violencia de género”. Este grupo tendrá que tener un “tratamiento inmediato y especializado”.
Por su parte, el mendocino Luis Petri aseguró que con esta ley “estamos buscando terminar con el calvario de las víctimas” y “cambiar la imagen” de la justicia en la actualidad. El radical, quien trabajó en profundidad la ley junto a la diputada Mónica Litza (FR), también ponderó las modificaciones realizadas a la norma en el Senado y dijo que la Cámara alta “la mejoró”.
