Debaten en Diputados el futuro de Julio De Vido en la Cámara

La Comisión de Asuntos Constitucionales se reúne desde las 11.21. Cambiemos impulsa la expulsión del diputado, pero todavía no se conoce qué apoyos encontrará. El Frente Renovador y el bloque Justicialista no dieron una postura clara.

La Comisión de Asuntos Constitucionales da este miércoles el primer paso para la exclusión de la Cámara de Diputados de Julio De Vido (FpV-PJ). La reunión se inició a las 11.21, y en primer lugar, el titular de la comisión, Pablo Tonelli, aclaró que el diputado De Vido había sido invitado a participar, pero “en lugar de asistir prefirió enviar una nota que se ha distribuido entre todos los diputados”. Añadió que en caso de que durante la reunión decidiera asistir, podría hablar.

Ahí se dio la primera controversia, cuando el diputado Luis Basterra planteó que en realidad no había sido citado formalmente el exministro. “El con buen criterio remitió su opinión, ni siquiera descargo, sobre los expedientes que van a ser tratados. Por lo tanto, no ha habido una citación”, insistió Basterra en el primer contrapunto con el titular de la comisión. Por su parte, Tonelli consideró que el diputado De Vido había sido convenientemente informado y dio por concluida la cuestión.

Graciela Camaño señaló a continuación respecto de la nota remitida por el exministro de Planificación que “es importante que no existan dudas respecto de lo que estamos haciendo”, señalando que una cosa era que hubiera sido citado y otra que hubiera sido convocado como cualquier otro diputado cuando son autores de un proyecto. “Que no queden dudas sobre en qué carácter fue citado”, reclamó la diputada massista.

En su primera intervención, Elisa Carrió señaló luego que debían iniciar el procedimiento de apertura para verificar cuáles son los proyectos en debate, y luego pasar a escuchar el descargo, si hubiera. “No está en el espíritu de Cambiemos cercenar ningún derecho del señor De Vido. Necesita más descargo, lo tendrá: no está en el espíritu de Cambiemos violar ningún derecho de De Vido. Si quieren citarlo con cada uno de los argumentos para que haga el descargo, no hay ningún problema, se decide al final. Porque esta comisión va a consensuar la exclusión de De Vido”, remarcó.

“Nosotros no somos los que hemos violado la Constitución en los últimos 20 años”, enfatizó.

No obstante, la kirchnerista Diana Conti insistió en reclamar la lectura de la nota de Juliio De Vido, ante lo cual Tonelli sostuvo que si bien consideraba que lo lógico era hacerlo al final, dijo no tener inconveniente que se procediera a la lectura.

En la misiva, el diputado del Frente para la Victoria señalaba haber recibido una nota donde se le comunicaba la reunión de Asuntos Constitucionales, que incluía “peticiones de dudosa legitimidad” sobre su persona, y señaló haber sido “víctima de persecuciones” organizadas en su contra, ante lo cual promovía una “moción de orden” que le asistía por derecho. Dijo que sus fueros habían sido violentados “semana a semana”, pese a lo cual no planteó “una sola cuestión de privilegio en el recinto”. Tras criticar a Elisa Carrió por sus dichos sobre la posibilidad de que fuera asesinado, habló de su pasado en el Poder Judicial “durante la dictadura”, y consideró sus manifestaciones “injuriosas y amenazantes”. Consideró que los hechos que denunciaba él eran de “inocultable gravedad”, y reclamó saber “si Carrió conoce la existencia de algún plan para que sus dichos se conviertan en realidad”, por lo que pidió no tener en cuenta ningún planteo que esa diputada hiciera sobre su persona.

De Vido habló de “presión inusitada del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, cuestionó el papel del propio presidente Mauricio Macri y cuestionó “la gravedad que reviste la advertencia que el presidente hizo sobre los jueces”.

Luego detalló el artículo 66 de la Constitución, que a su juicio dejaba claro que no correspondía para su caso personal. Consideró entonces que sus pares querían juzgarlo “sin ningún encuadre legal”. En ese marco recordó no haber sido condenado nunca por delito alguno, recordó su paso por los gobiernos kirchneristas y se despegó del comportamiento de otros funcionarios de esa gestión. “La peor de las imputaciones que me hace la justicia es ridícula con relación a los Panamá Papers, el blanqueo, las cloacas de Morón”, se despegó, apuntándole al actual Gobierno nacional, explayándose a continuación en consideraciones políticas sobre la actual gestión.

Sostuvo luego que durante el kirchnerismo se terminó “con la estafa del Correo Argentino”, recordó la suspensión de la licencia de Fibertel a Clarín, la rescisión del contrato de Aguas Argentinas a la francesa Suez, la rescisión del contrato de Ferrocarriles Argentinos al grupo Taselli, y la recuperación de YPF, entre una serie de cuestiones que detalló, para asegurar que los ministros de Cambiemos acumulan más denuncias que las que tuvo él durante sus doce años de gestión.

El diputado Guillermo Durand Cornejo refutó las expresiones del diputado De Vido, señalando que “estamos hartos de ver que el Congreso se ha convertido en una guarida de ladrones, que tengamos que soportar que somos todos iguales. ¡No somos todos iguales, esta es una ocasión para demostrar que este no es un aguantadero de ladrones!”

Al arrancar puntualmente el debate sobre la situación de De Vido, la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) -quien no integra la comisión-, recordó que había sido denunciante de Julio De Vido ya en 2003, y haber sido querellada por el propio De Vido, por Claudio Uberti y Héctor Antonio, hijo de Jorge Antonio. En esa oportunidad, renunció en 2007 a la banca de diputado nacional y al partido que había fundado “para someterme a la justicia sin ningún fuero. Esa es la actitud que le corresponde a cualquier diputado nacional para proteger a la Cámara y al prestigio de la Cámara. No estoy hablando de lo que debería hacerse sino sobre lo que hice”.

Pasando a la situación de De Vido, sostuvo que la Cámara de Diputados tiene “facultades disciplinarias”, por las cuales se puede echar a un diputado, suspenderlo, sacarlo de su seno y suspenderlo por inhabilidad física o moral -citó el caso del presidente Ortiz-. “Creo que esta cláusula debe ser usada excepcionalísimamente”, aclaró, para recordar luego que De Vido estaba procesado por asociación ilícita. “Yo nunca dejé de decirle cajero”, recordó. “Se enriqueció después, pero él cumplía órdenes. ¿Por qué digo ‘cuídenlo’? Se lo digo bien, porque es como Jorge Oderbrecht. Qué buen aporte a la justicia sería que este hombre hable”, señaló.

Carrió señaló que ante un escándalo público de un diputado, hay un juicio público, y en este caso sostuvo que “el escándalo moral” que involucra a De Vido “ante 51 muertes” por la tragedia de Once. “No pedí (su apartamiento) por la asociación ilícita; no estamos tratando las causas criminales”, aclaró.

“¿Díganme, es un escándalo moral o no que un hombre procesado por asociación ilícita y procesado por la muerte de 51 personas, siga en su banca?”, se preguntó. Luego advirtió a los kirchneristas que “ustedes hablan de los pobres”, y advirtió sobre “la fábrica de pobres que construyó Cristina y va a desarmar Cambiemos”.

Luego fue el turno de la diputada de izquierda Soledad Sosa, autora de otro proyecto sobre el tema, y consideró la discusión “una farsa”, que vinculó a la cercanía de las PASO. Habló en su discurso de “despidos masivos”, y de “una cruzada contra la corrupción por delitos ajenos y no los propios”. Citó el caso de “la represión en PepsiCo”, y cuestionó que se hablara de moral, cuando “ustedes son los que aprobaron el pacto con los fondos buitre. Hablan de los delitos ajenos, los del kirchnerismo y no de los propios. Ustedes son también socios de Odebrecht”.

Advirtió que lo que se pretendía en este caso era sentar un precedente. “Acá los gobiernos del ajuste que en todo el continente están poniendo al Poder Judicial como un poder político, uno de los poderes menos representativos, ¿quién elige a los jueces?”, se preguntó, y señaló luego que “en nombre de la inhabilidad moral, los jefes de los Panamá Papers vienen a hablar de inhabilidad moral”.

Habló del mal uso de los fueros y aclaró que en el caso de la izquierda no iban a avalar el uso que el oficialismo pretendía hacer con De Vido.

A su turno, Margarita Stolbizer pidió atender “la excepcionalidad” de esa discusión, por cuanto no quería que “se utilice esto como un precedente” en el futuro. “Las situaciones son estrictamente únicas, y las sanciones son estrictamente personales frente a una determinada situación personal”.

Aclaró que “no se trata de una sanción penal, y por lo tanto tampoco creo que las razones sean los procesamientos que tiene el señor De Vido”. Dijo no compartir tampoco la inhabilidad moral para ese caso y se preguntó si no debería haberse considerado su caso al momento de evaluar la Cámara su ingreso al cuerpo.

“No comparto tampoco la idea de la aplicación del artículo 70, porque tiene una única finalidad, que es una decisión del cuerpo para poner a disposición de la Justicia; y en su caso el diputado ya está a disposición de la Justicia”, aclaró la diputada del GEN. Así las cosas, sostuvo que la exclusión del legislador era admitida por ella porque considera que la situación del legislador afecta a la Cámara, y que se imponía “una sanción de tipo política en un cuerpo político”.

Stolbizer sostuvo que “lo que hago es una advertencia en el sentido de que entiendo existe una intención de aprovechamiento electoral de la situación, porque esto en definitiva lo que facilita es ocultar otro tipo de situaciones”.

Por último, Stolbizer citó para argumentar la solicitud contra De Vido la declaración firmada por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner de 2001, en la que rechazaba la asunción como senador nacional del correntino Raúl Romero Feris. Allí señalaba que “tampoco se pueden soslayar las razones políticas y de legitimidad institucional que aconsejan la no incorporación del ciudadano Romero Feris como senador”. Recordaba allí que “incorporar a un ciudadano con múltiples procesos, todos ellos con motivo del ejercicio de la función pública acarrearía un escándalo difícil de superar y podría herir de muerte las posibilidades de reconciliar esta institución con la sociedad”. En ese sentido, señalaba la entonces senadora que “la República no necesita nuevos senadores sino un nuevo Senado”.

Por eso terminaba señalando Cristina que “la situación procesal de quien pretende su incorporación en el Senado torna desaconsejable su incorporación a este cuerpo”. Ante ello, Stolbizer señaló que “no podría más que coincidir respecto de que el juicio que hacemos es estrictamente político institucional, y para salvaguardar al Congreso”. Y concluyó diciendo que los de Cristina Kirchner “son también un muy buen fundamento para considerar la admisión de futuros legisladores al Congreso Nacional”.

Por su parte, el diputado de La Cámpora Marcos Cleri cargó contra los medios y luego contra el Gobierno, al que acusó de querer “tapar con esto” la crisis actual y la condición de “entreguista” de esta administración.

En un discurso de tono político, Cleri cargó duramente contra Elisa Carrió y le atribuyó haber dicho que “hay que sacar esto porque nos sirve para la campaña. Piensa en campaña, no piensa en el pueblo; no piensa en el presente sino en su porvenir”. En su discurso, siguió fustigando a diputados del oficialismo, por ejemplo a Eduardo Amadeo, al que llamó “lobista de Estados Unidos”, desatando la reacción airada del presidente de la bancada Cambiemos, Mario Negri. Luego se refirió al artículo 66, que a su juicio reglamentaba las facultades disciplinarias de la Cámara de Diputados, y había que interpretar si existía “alguna facultad física o moral sobreviniente” en este caso.

“En el reglamento de la Cámara, hay un solo artículo, el 188, donde habla de las sanciones disciplinarias”, puntualizó, dejando claro que interpretaba que no había elementos que pudieran aplicarse con De Vido.

Habló luego de “inhabilidad moral” de los ministros Patricia Bullrich, Juan José Aranguren, Ricardo Buryaile y Jorge Triaca, el diputado Eduardo Amadeo, la diputada Elisa Carrió, por dichos o actitudes que mencionó. “¿Qué bien le hace al Congreso de la Nación tener diputados nacionales que anden mintiendo por cualquier lado?”, se preguntó. Cleri sostuvo que lo que hizo el ministro Julio De Vido “tiene que ver con un plan estratégico”, y aseguró que “todo lo que tenga que ver con la soberanía nacional, termina siendo perseguido por este Gobierno”.

Tras él, la diputada Silvia Lospennato refutó a Cleri respecto de la interpretación del artículo 188, considerando que el diputado camporista había hecho “una lectura incorrecta” del mismo.

Por su parte, el diputado cordobés Juan Brügge (interbloque UNA) admitió que “en el reglamento hay un vacío” en la cuestión, que pidió corregir para el futuro. Consideró además que el proceso que debía considerarse era de “exclusión”, o de remoción, que se estableciera un plazo para que el diputado De Vido hiciera un descargo, y luego se emitiera a los 7 días un dictamen, para que finalmente el 26 de julio en el recinto se definiera si se procedía con la exclusión. “En el medio creo que hay que recabar toda la documental que se tenga, que la misma sea transmitida al diputado De Vido”, dijo, al que pidió citar formalmente para efectuar el descargo.

La diputada kirchnerista Nilda Garré consideró que se estaba ante “un tema de suma importancia”, por cuanto “es evidente que hay una estrategia del Gobierno nacional de poner como eje de todas las discusiones de este momento histórico la corrupción de nuestro espacio político. No habla de que tiene alrededor ya de 70 funcionarios imputados en la Justicia”.

La exministra K habló de un “peligro de generar un caos normativo, institucional, porque produzcamos resoluciones que comprometan a la Cámara en sus facultades, o desconozcan garantías de sus integrantes”. Consideró “canallesco” que haya “algunos diputados que estén diciendo que renuncian a sus fueros. Eso no quiere decir nada, esa renuncia es nula; para que haya una renuncia a sus fueros, lo tiene que decidir la Cámara”, y citó puntualmente los casos de los diputados de 1País Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y el del Pro Nicolás Massot. Usó como argumento en ese sentido el brindado por la también macrista Silvia Lospennato, con la que dijo coincidir “totalmente”.

“Si asociáramos la inhabilidad moral al standard de la ética pública, sería muy peligroso, porque mayorías circunstanciales podrían imponer su propio criterio sobre lo que es la ética pública”, puntualizó Garré. En todos los casos, las causales “deben ser sobrevinientes” a la asunción del diputado, puntualizó en referencia al artículo 66 de la Constitución. Lo que no puede hacerse, dijo, “es construir una hipótesis de inhabilidad moral en base a conductas presuntamente delictivas que se están investigando”. Porque además, remarcó, “rige la presunción de inocencia, ampara por la Constitución Nacional. Si no la respetáramos, el Estado argentino incurriría en responsabilidad internacional”. Aclaró por eso que “siempre hablamos de condenas firmes”.

Tras ella, Rodolfo Tailhade destacó el “enorme riesgo que se corre con estos criterios tan caprichosos, tan de campaña”, por cuanto sostuvo que “lo que suponíamos que iban a ser los argumentos centrales para fundamentar los proyectos en perjuicio del diputado De Vido, se transformó en una catarsis personal de la diputada Carrió, reconociéndose en campaña, pero además enemiga del diputado”.

Reclamó entonces del oficialismo saber “por qué quieren echar a De Vido”, ya que interpretó que “no hay argumentos serios”. Habló en ese sentido de que hay solo “supuestas causas judiciales”, por cuanto la Cámara “no se ha tomado el trabajo de certificar en qué estado están las mismas”. Atribuyó entonces a la prensa haber magnificado la situación de De Vido, asegurando que no hay pruebas de que haya recibido sobornos. “Las denuncias en las que estaría procesado no tienen que ver con actos en ese sentido, sino con actos vinculados a su función”, aseguró. Reclamó entonces “ejes de trabajo claros”, por cuanto de lo contrario podría apuntarse contra otros legisladorse. Puso el caso del diputado Durand Cornejo, del que dijo que tiene denuncias por “acoso sexual”, y se afirmó en datos de la prensa, que leyó.

Dijo también que la prensa involucró también al diputado Mario Negri en el homicidio del diputado Regino Maders. “O por ejemplo el diputado Costa, o su bella esposa, que anduvo por acá, que está imputado por lavado de dinero”, agregó, apuntando luego al propio Pablo Tonelli, denunciado por él mismo por haber “usurpado la banca” suya en el Consejo de la Magistratura. También citó el caso de Margarita Stolbizer, denunciada también por él, aunque admitió que “hace poco salió el sobreseimiento”. Y sumó a la lista de diputados denunciados a Elisa Carrió, y al diputado Amadeo. “Habría que investigar su gestión en el Bapro, o los 5 millones que se llevó del Gobierno de la Ciudad para sus ONGs”, disparó. El extenso listado de Tailhade incluyó al diputado del Pro a Alvaro González, y luego al “campeón mundial de la inmoralidad, el presidente de la Nación”, ironizó, de quien dijo que “tiene 250 causas este inhábil moral que nos gobierna, según estos criterios de la diputada Elisa Carrió”.

“En definitiva, estos criterios con los que se pretende llevar adelante un juicio moral de un diputado es eminentemente político”, concluyó, ante lo cual el presidente de la comisión, Pablo Tonelli, le retrucó: “Lamento que se haya olvidado de las causas propias, por la pérdida de un expediente sensible en la causa Boudou”, cuando él era miembro de la IGJ.

El diputado Mario Negri calificó de “lengua bífida” la de Tailhade, y aclaró que nunca se pudo saber quién había sido el autor de la muerte de “mi amigo Regino Maders”. Luego dijo que la democracia es “tan noble” que hasta permitió después de 1983 el ingreso al Congreso de algunos que la atacaron, de la mano del justicialismo. E incluso “los que son encariñados con la SIDE, que puedan ser diputados”, en referencia al propio Tailhade.

Admitió que “este es un hecho excepcionalísimo”, en lo que dijo coincidir con Margarita Stolbizer. Recordó que esa medida se aplicó por última vez contra la diputada Norma Godoy hace 15 años, por lo que aclaró que no se usaba seguido. Pidió interpretar bien el artículo 66 de la Constitución y sostuvo que “el fondo de la cuestión es lo que está en juego”. Dijo coincidir con el diputado Brügge y sugirió encuadrar el desplazamiento de De Vido como “exclusión por indignidad”.

“Acá uno no llega con alegría a discutir esto”, añadió, aclarando el grado “excepcional” de esta situación. “No hago una denuncia por día ni por semana, pero creo que hay un momento límite”, agregó Negri, quien advirtió que “la que está en mora es la justicia. Y hace mucho tiempo. Y cuando la justicia llega tarde, no es justicia”. Aclaró que “no estamos acá sentados porque estemos en campaña, sino porque los procesos se dieron como se dieron; no es porque se largó la campaña que entraron los proyectos”.

Apoyando lo expuesto por el diputado Juan Brügge, Negri sugirió excluir por “indignidad” al legislador y acompañó incluso las fechas que había sugerido el cordobés.

A su turno, el mendocino K Guillermo Carmona “habló de una inexplicable embestida contra un proyecto político”, y lamentó “que haya diputados de la oposición que se presten a este juego”. Y advirtió que “dura poco este juego” y se corre el riesgo de que en el futuro la situación se repita con otros oficialismos. Recordó además que “está pendiente el juicio político contra el presidente Mauricio Macri”, por lo que consideró el “probado mal desempeño” en el tema del Correo. Calificó de “parodia” el enjuiciamiento contra De Vido y aseguró que “si tiene que rendir cuentas lo tiene que hacer ante la Justicia, esta Justicia que es tan permeable a los pedidos del Ejecutivo”.

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