En el marco de la lucha por la Emergencia Alimentaria, diversas organizaciones sociales que impulsaron en la Legislatura la ley de Emergencia Social en la Ciudad se reunieron con legisladores y aspirantes a una banca en la Casa, para firmar un compromiso parlamentario para estipular la votación de dicha normativa.

La iniciativa propone que se declare la “emergencia social” -la cual tendría vigencia por 2 años- en materia laboral, habitacional, económica, impositiva, fiscal, de transporte, salud, educación, cultura y género; además, exige que se conforme un comité de emergencia compuesto por representantes de los sectores involucrados.

Asimismo, la norma establece que el Gobierno porteño debe asegurar las raciones de alimentos asignadas a comedores comunitarios, así como duplicar el monto de los subsidios que se les brinda y abrir nuevos espacios; también exige la “suspensión de todo desalojo de inmuebles con fines de vivienda” así como de “los aumentos de tarifas de transporte” durante el plazo que rija la emergencia.

Sobre esta misma línea, la propuesta plantea el incremento de la obra pública y la “elaboración de convenios con cooperativas de trabajo” para concretar las obras; la exención del pago de Ingresos Brutos a todos aquellos monotributistas sociales -los cooperativistas- y la creación de nuevas líneas de crédito para esos colectivos. Además, establece incrementos en partidas de salud, educación, urbanización y género, en donde denuncian “baja o subejecución” de fondos.

Durante el encuentro, el referente del Movimiento Evita Juan Ardura sostuvo que “creemos en la necesidad de la sanción de una Ley de Emergencia Social en la Ciudad como una forma de avanzar para que el Estado porteño priorice las necesidades de los más humildes” y aseguró que “esta es una ley que permite conocer el trabajo que hacemos las organizaciones populares, en los comedores, en los merenderos, generando trabajo, construyendo dignidad, pero fundamentalmente es una forma de reconocer a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular como trabajadores, que es lo que logramos con la Ley Nacional”.

“Es muy importante desde las organizaciones populares este hecho donde convocamos a distintos sectores de la política de la Ciudad de Buenos Aires, a legisladores en curso y precandidatos a legisladores a firmar un acta de compromiso por la sanción y la efectiva aplicación de una Ley de Emergencia Social en la Ciudad de Buenos Aires”, completó.

A su turno, el referente de Barrios de Pie Walter Córdoba indicó que “este Gobierno busca precarizar la vida y hacer negocios con nuestros derechos; frente a esto nosotros pensamos que los pueblos buscan permanentemente su ´creación histórica´ en la construcción de su mañana”.

El compromiso –tal y como adelantó parlamentario.com– fue firmado por los legisladores Adrián Camps (PSA); Gabriel Fuks (CNLM); Andrea Conde (FpV); María Rosa Muiños, Silvia Gottero y Claudio Heredia (BP); Gustavo Vera (BC). Además, se comprometieron los candidatos Carolina Brandariz y Santiago Roberto (Unidad Porteña); Jacqueline Flores, Jonathan Thea, Belén Spinetta, Nelly Yañez y Sonia Lombardo (Ahora Buenos Aires); Sergio Abrevaya, Laura Velasco y Fernanda González (1País); Laura Vitto (Izquierda Popular); Ximena Rattoni (Honestidad y Coraje); Héctor Polino y María Eva Koutsovitis (CABA); y, Mario Mazzitelli (PSA).