La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Pedro Guastavino (FpV-PJ) escuchó este martes la opinión de fiscales, jueces y académicos sobre el proyecto de ley que penaliza a empresas que cometen actos de corrupción y que además declara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, consideró que la iniciativa “es una especie de mezcla de muchas cosas, porque estamos introduciendo un régimen novedoso en materia de responsabilidad penal de personas jurídicas y en el medio incorporamos una modificación al régimen de la prescripción penal”.

Acerca de la imprescriptibilidad de la acción penal en el caso de los delitos contra la administración pública, Pleé advirtió que “parece haber sido incorporada por la ventana en este proyecto”, y se sumó así a las voces en contra de esta reforma, mentada por el massismo en Diputados.

A su turno y sobre este último tema, el director del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Agustín Carrara coincidió en que la imprescriptibilidad “no termina de ser una solución y eso se logra reformando el sistema penal”.

Carrara también reflexionó sobre la posibilidad de lograr cambios en la Justicia, para lo que creyó necesario “reformar la manera de hacer las investigaciones y los juicios”.

La directora de la Unidad de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal, Carmen Chena subrayó que “el proyecto actual en su artículo 11 nos pone en una situación de absoluto retroceso de lo que es la legislación vigente porque nos ata a la condena de la persona jurídica”.

Respecto de los delitos causados por las personas jurídicas, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico Marcos Grabivker opinó que “el autor está físicamente lejos del hecho pero no de la decisión”, y agregó que “no eliminaría tan tajantemente a las pymes del proyecto sino, como sostiene el Ejecutivo, dejaría alguna posibilidad al respecto”.

Por último, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá, consideró: “Si un ente moral nos indigna, puede constituirse como agente moral y responsabilizarlo penalmente”, y expuso sobre la necesidad de establecer los factores para imputarlo como tal.

También expusieron el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de Acusación de Santa Fe, Sebastián Rodríguez Narvaja; el abogado penalista Jorge Sandro; el profesor consulto de derecho penal de la Facultad de Derecho (UBA), Carlos Cruz; y el ex juez subrogante de la Cámara Federal de Casación Penal, Roberto Boico.