Se le concedió la prisión domiciliaria a Milagro Sala en virtud de lo solicitado por la CIDH. Esta resolución aún debe ser contrastada con la opinión de los otros magistrados y funcionarios intervinientes. En cualquier caso, es una decisión que respetamos pero que de ninguna forma compartimos. Resulta profundamente injusto que la responsable directa de la violencia en Jujuy reciba este tipo de privilegio cuando no existe causa alguna que lo justifique.

Más de la mitad de los presos en nuestro país no tienen condena firme, y es ésta una problemática sobre la que debemos trabajar. En ese escenario se torna incomprensible que una delincuente, que saqueó los recursos públicos y subyugó a miles y miles de personas, pueda esperar su juicio en la comodidad del hogar que construyó con el dinero de los más vulnerables. Entiendo perfectamente a los jujeños que se sienten insultados por esta decisión.

Aun así, la independencia de poderes es una bandera dentro del proceso de regeneración en todos los niveles que lleva adelante el Gobernador Gerardo Morales. La resolución de la Justicia, precisamente por ello, debe ser cumplida y respetada. Vivir en un Estado de derecho implica aceptar el resultado del juego institucional, incluso cuando éste pueda resultarnos desagradable o injusto. Y los jujeños queremos vivir en un Estado de derecho.

La prisión domiciliaria, llegado el caso, sólo sería una etapa más dentro de los múltiples procesos penales que enfrenta Milagro Sala, quien responderá por sus crímenes más temprano que tarde. Debemos ser pacientes hasta entonces, y respetar los tiempos judiciales. El cambio llegó a Jujuy, y no hay marcha atrás. No aceptaremos más impunidad, violencia o corrupción. Ése es nuestro compromiso.