La iniciativa proveniente desde el Ejecutivo recibió el apoyo unánime de los legisladores, y explicaron que se busca “dar más agilidad y efectividad al abordaje de situaciones conflictivas”.
La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad una modificación a la Ley provincial de Ministerios para incorporar a la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, unas carteras que tendrá rango ministerial, facultades y presupuesto propios, además de dependencia directa del gobernador.
De esta manera, las competencias que dependían del Ministerio de Desarrollo Social serán transferidas a la nueva Secretaría, explicaron oficialmente.
La iniciativa llegó al recinto como propuesta del Ejecutivo provincial y recibió el apoyo unánime de los integrantes del cuerpo al considerar que se está ante una “jerarquización del área” y de una “herramienta que le dará más agilidad y efectividad al abordaje de situaciones conflictivas”.
La legisladora y miembro informante por Juntos somos Río Negro, Marta Milessi, indicó que este ente “elaborará programas tendientes a la restitución de derechos, protectorios de las niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico, promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y comunitario”.
En su elevación, el Gobierno fundamentó que el objetivo es que “la situación de los niños y adolescentes en situaciones de riesgo o vulnerabilidad sean tratados con la premura y urgencia que se merecen”.
La nueva secretaría, conjuntamente con el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Río Negro (CONIAR), ejecutarán “programas tendientes a la restitución de derechos, dirigidos a proteger a los niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico o económico, promoviendo y fortaleciendo la permanencia en su ámbito familiar y comunitario”.
Para crear esta nueva cartera ejecutiva, la legislatura rionegrina modificó la Ley 5.105 de Ministerios, que cuenta como último antecedente con la creación del Ministerio de Seguridad y Justicia en el 2013.
