La prórroga de la Ley 26.160, que suspende desalojos en tierras habitadas por comunidades indígenas, obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados y quedó en condiciones de ser votada en el recinto. La sesión será después de las elecciones, según los planes de Cambiemos.

El proyecto, que ya cuenta con aprobación del Senado, fue avalado este martes con acuerdo unánime en las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda, con la nutrida presencia de representantes de comunidades originarias.

Con la prórroga, se suspenderán los desalojos por cuatro años, hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

A 11 años de vigencia de la ley, sólo el 30% de las comunidades reconocidas en el país tienen el registro terminado. Más precisamente, hay 1532 comunidades indígenas identificadas en el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena, pero sólo 459 tienen el relevamiento culminado.

“La prórroga es importante en esta etapa donde vemos que hay una avanzada del Gobierno nacional y de los gobiernos provinciales en beneficio de los terratenientes y en contra los pueblos originarios”, sostuvo Pablo López (Partido Obrero), y agregó que la sanción del proyecto “va a servir para ganar tiempo en la lucha y evitar los desalojos”.

Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, recordó que “hace más de un año” su bloque planteó la necesidad de la prórroga, y pidió que el oficialismo “defina rápidamente la fecha de la sesión” para votar la iniciativa, que en el Senado obtuvo unanimidad.

El debate de la norma no sólo se precipitó por su inminente vencimiento -el próximo 23 de noviembre- sino también por el caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado, en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.