A partir de las 13, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales analizará el proyecto que dispone un acortamiento del mandato del procurador general de la Nación, como así también facilita su desplazamiento por parte del Poder Ejecutivo.
Con la intención de aprobar el proyecto antes de fin de año, de modo tal que el sucesor de Alejandra Gils Carbó arranque con la nueva norma, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado comenzará a debatir este miércoles el proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público.
Será a partir de las 13 en el Salón Illia, donde los senadores buscarán avanzar con la firma del dictamen, de modo tal de que pueda ser votado en el recinto en la sesión prevista para el 15 de noviembre.
El proyecto, que lleva las firmas de Federico Pinedo, el radical Angel Rozas y de los peronistas Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubey, se denomina “de reforma de las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Ley N°27.148) y del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (Ley N°27.149)”.
El proyecto fue presentado el viernes pasado y limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación, habilitando al Poder ejecutivo a removerlo por decreto. Recordemos que un disparador de esto fue un fallo reciente de la Justicia, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional la norma vigente, dejando abierta la posibilidad de que el presidente desplazara a Gils Carbó por la vía del decreto, cosa que el Gobierno prefirió no hacer y elaborar en cambio una ley que modifique la vigente.
Establece que el procurador será designado por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”, eliminando así el requisito de los dos tercios. De tal manera, alcanzará con la mitad más uno de los senadores: 37.
Elimina además el carácter “vitalicio” del cargo, que establecía la ley vigente, imponiéndose una duración de cinco años para su permanencia en el cargo, con posibilidad de reelección solo por dos años y “por única vez”.
Entre los justificativos para remover al procurador figuran el mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones “por decisión fundada del Poder Ejecutivo”. A partir de eso, su mandato podrá ser revocado por el Senado “en el plazo máximo de 10 días hábiles.
La Cámara de Diputados también podría tener participación en el desplazamiento eventual del procurador, a partir de “la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros”, pero luego necesitará el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado. Lo mismo que sea el Ejecutivo el que lo disponga.
El proyecto también disuelve las procuradurías especiales creadas por la ley original, como la de Violencia Institucional o la de Narcocriminalidad y establece que el procurador general podrá disponer por resolución la creación de procuradurías especializadas “cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran”.
