Continuando con la ronda de funcionarios que presentan el Presupuesto 2018, los titulares de la Defensoría del Pueblo, Auditoría, Procuración y Sindicatura General de la Ciudad concurrieron a la Legislatura con el fin de exponer los lineamientos de la ejecución presupuestaria de este año y los previstos para la gestión 2018 en el marco de la ronda habitual de análisis por áreas del proyecto de ley general de recursos y gastos.

Defensoría del Pueblo

El presidente de la institución, Alejandro Amor, explicó en la apertura del encuentro que la partida asignada para el área es de 1.086 millones de pesos, lo cual implica un incremento del 15% en comparación con el corriente año. A su vez indicó que “por primera vez en la historia no hemos tenido que discutir con el Ejecutivo un incremento del presupuesto, sino que la propuesta que vino de su parte satisfacía, lo mismo que habíamos proyectado nosotros”.

En cuanto a los proyectos para el año próximo, destacó como uno de los más importantes el proceso de digitalización del organismo, por lo que aseguró que “el 30 de octubre empezó con las comunicaciones oficiales y se prevé que hasta el próximo 30 de marzo se avanzará con todo lo demás”. Otro de los significativos es el plan de retiro voluntario para trabajadores, el cual continúa con la misma lógica que otros organismos han aplicado y coordinado con el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

También se refirió al fondo compensador jubilatorio para los trabajadores, la evaluación anual del personal y el control de presentismo, el reglamento para los cargos de conducción, y la situación edilicia que mejoró notablemente al dejar de alquilar tres edificios para pasar a habitar uno solo, lo cual reduce ampliamente los montos que estaban pagando.

“La Defensoría decidió la incorporación de control por normalía de todos los procesos, tales como compras, licitaciones, dictámenes jurídicos y disposiciones, entre otros”, precisó y aseveró que “priorizamos la transparencia de procedimientos y nos volvimos más estrictos con respecto a la administración de fondos; los informes de cada año serán elevados a los diputados”.

Auditoría General

En representación de la Auditoría General de la Ciudad -AGCBA, organismo de control externo del sector público centralizado y descentralizado del distrito capitalino que depende de la Legislatura, el auditor Hugo Vásquez manifestó su conformidad con la partida asignada por el Ministerio de Hacienda de 739.994 millones, la que consideró “similar a los años anteriores”.

El funcionario destacó que “la suma asignada es en torno al promedio de 0.04% del presupuesto total, cuyo 87% se destina a personal para el cumplimiento de las metas” y explicó que “los avances en la despapelización que requiere el proceso de digitalización de expedientes y que se realiza por primera vez bajo las normas ISO 9001”.

Además aludió a la “eficiencia del área de recursos humanos, mediante becas de grado y post grado a los trabajadores, en universidades con especificidades en menor medida privadas y otras públicas”.

Vásquez refirió también al concurso de personal, que no se realizaba desde el año 2010, para la cobertura de posiciones vacantes. Asimismo, afirmó que “se enviaron notificaciones a quienes están en condiciones de jubilarse, de modo que estimamos serán 18 trabajadores a diciembre próximo, y similar cantidad se prevé para el 2018”.

La capacitación interna en el Instituto Superior de la Carrera, sin costo para casi 700 trabajadores; las paritarias e institutos de negociación creados por el estatuto del organismo, así como la concientización sobre preservación del ambiente en el trabajo, fueron otros de las aspectos abordados durante la exposición.

Concluyó comunicando que “la sede de calle Bartolomé Mitre 1247 quedó desafectada y se trabaja en la obtención de un nuevo edificio más adecuado”.

Procuración General

El titular del organismo de control que tiene a su cargo dictaminar sobre la legalidad de los actos administrativos y actuar en defensa del patrimonio de la Ciudad, Gabriel Astarloa, presentó ante los legisladores el proyecto presupuestario para el próximo año, que cuenta con un total de más 786 mil millones de pesos.

Como primera medida resaltó la apertura de concursos para los trabajadores, y luego se refirió a ocho objetivos que resumen lo proyectado para el 2018: seguimiento de juicios relevantes que tiene el Gobierno de la Ciudad; contribución que como abogados tienen que hacer para disminuir los costos por los que el gobierno es demandado; aumento de la recaudación, dinamizar los procedimientos y tratar de mejorar sus tiempos; control de plazos para dictaminar; bajar el plazo de trato de sumarios y reducir el stock; capacitación permanente y actualización necesaria de conocimientos; servicio jurídico gratuito para las personas que no tienen recursos y, como algo relevante, jerarquizar a la Procuración General como un órgano de excelencia y referencia en abogacía.

Además, comentó que la vieja sede está en obra para dejar de alquilar otros dos edificios y pasar a trabajar en uno solo y así reducir también costos de alquiler.

Sindicatura General

La Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo el control interno, presupuestario, contable, financiero, económico, patrimonial, legal y de gestión, así como el dictamen sobre los estados contables y financieros de la administración pública, estuvo representada por su titular, Mónica Fredda.

La funcionaria mencionó los logros que tuvo durante este año el organismo, por lo que aseguró que “por primera vez hubo recursos propios provenientes de la red federal, 103.100 pesos a fin de año”. Además agregó que “el el manual de control interno se encuentra disponible y actualizado en el sitio web oficial” y que “los informes emitidos cuentan con un resumen ejecutivo y por segundo año consecutivo se presentó el dictamen sobre la Cuenta de Inversión, en este caso sobre el 2016”.

Detalló que el área de recursos humanos cuenta con 46 agentes entre transitorios y permanentes y que éste año comenzó la certificación ISO 9001/2015. Asimismo, aludió al fortalecimiento de las 25 unidades de auditoría interna -UAI-, la capacitación y eventos académicos de control interno.

En este sentido destacó la creación de la Escuela de Auditores y la primera diplomatura en control interno y auditoria gubernamental integrada por 42 miembros ad honorem, así como la edición de la Revista de Auditores y la firma de cinco convenios de cooperación institucionales sin erogación presupuestaria.

Fredda explicó que el presupuesto 2018 es de 162.347 millones de pesos, dedicándose el 79% a personal, 4% a contratos de locación, 12,1% a gastos proporcionales del edificio, 4,5% a bienes de uso, a adquisición de mobiliario 1% y el 3,5% se destina a asignación de fondos de caja chica, capacitación, mantenimiento de sistemas, útiles y seguros.

Los recursos humanos del organismo comprenden a 230 personas: 136 profesionales, 52 estudiantes y el resto administrativos; el 69% están asignados a auditorias. Actualmente hay 42 empleados de planta permanente con licencia por cargos de mayor jerarquía. Según el sexo: 133 mujeres y 97 hombres, 24 cargos son desempeñados por mujeres y 12 por hombres.

Las acciones para el año venidero incluyen 160 proyectos como meta física, esto es 15% más que en 2017. Adelantó que se intensificará la supervisión y coordinación en las 25 UAI y se continuará con los comités ministeriales de control interno, asesoramiento, formación y capacitación. Finalmente, recordó que se logrará la segunda promoción de la diplomatura especializada en administración pública y control de gestión, así como con el mejoramiento del sistema informático y la implementación del Sistema Integrado para Control de Proveedores -SICOP.

En la reunión participaron los legisladores del Pro Alejandro García, Carmen Polledo, Paula Villalba, Eduardo Santamarina, Lía Rueda, Francisco Quintana, Juan Pablo Arenaza y Daniel Presti; de Suma+ Juan Francisco Nosiglia y Marcelo Guouman; de la CC ARI Paula Oliveto Lago; del BP Claudio Heredia y de MC Marcelo Depierro.