La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reúne en el Salón Illia para analizar el proyecto presentado por Federico Pinedo y Miguel Pichetto. Se busca acotar el mandato del procurador y facilitar su remoción por parte del Poder Ejecutivo.
Con la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, en el arranque de la reunión, senadores analizan el proyecto de ley para reformar las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales se reúne desde las 13.40 para analizar la iniciativa que fue presentada por el macrista Federico Pinedo, el radical Ángel Rozas y los peronistas Miguel Pichetto, Rodolfo Urtubey y Pedro Guastavino.
Cambiemos estimaba poder sacar dictamen este miércoles, dado el consenso alcanzado al presentar la iniciativa, para que pueda ser votado en el recinto en la sesión prevista para el 15 de noviembre. Sin embargo, previo a la reunión, desde el kirchnerismo denunciaron una “maniobra escandalosa” del presidente de su propio bloque.
La intención está en aprobar la reforma antes de fin de año, de modo tal que el sucesor de Alejandra Gils Carbó -quien dejará su cargo el 31 de diciembre- comience su gestión bajo la nueva norma.
Entre los puntos principales, el proyecto limita a cinco años el mandato del procurador general de la Nación, habilitando al Poder ejecutivo a removerlo por decreto. Recordemos que un disparador de esto fue un fallo reciente de la Justicia, cuando el juez en lo Contencioso Administrativo Pablo Cayssials declaró inconstitucional la norma vigente, dejando abierta la posibilidad de que el presidente desplazara a Gils Carbó por la vía del decreto, cosa que el Gobierno prefirió no hacer y elaborar en cambio una ley que modifique la vigente.
Establece que el procurador será designado por el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado por “mayoría absoluta de sus miembros”, eliminando así el requisito de los dos tercios. De tal manera, alcanzará con la mitad más uno de los senadores.
Elimina además el carácter “vitalicio” del cargo, que establecía la ley vigente, imponiéndose una duración de cinco años para su permanencia en el cargo, con posibilidad de reelección solo por dos años y “por única vez”.
Entre los justificativos para remover al procurador figuran el mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones “por decisión fundada del Poder Ejecutivo”. A partir de eso, su mandato podrá ser revocado por el Senado “en el plazo máximo de 10 días hábiles.
La Cámara de Diputados también podría tener participación en el desplazamiento eventual del procurador, a partir de “la mayoría absoluta de los miembros presentes a solicitud de cualquiera de sus miembros”, pero luego necesitará el acuerdo de la mayoría absoluta del Senado. Lo mismo que sea el Ejecutivo el que lo disponga.
El proyecto también establece que el procurador general podrá disponer por resolución la creación de procuradurías especializadas “cuando la política de persecución penal pública o el interés general de la sociedad así lo requieran, debiendo poner a la Comisión Bicameral de control en conocimiento de la decisión”.
