El legislador porteño del PO cuestionó el mega DNU que impulsó el Gobierno para reducir la burocracia estatal y señaló que se trata de “una medida inconstitucional cuyo objetivo es profundizar el ataque a los trabajadores y jubilados”.
Luego de que el jueves pasado el Gobierno Nacional oficializara el mega DNU que busca reducir la burocracia estatal, apuntando a reducir costos y simplificar trámites, en el marco del plan del Ejecutivo para achicar el gasto público. Al respecto, el legislador del PO Gabriel Solano definió al megadecretazo como “una medida inconstitucional cuyo objetivo es profundizar el ataque a los trabajadores y jubilados”.
En ese sentido, afirmó que “el megadecretazo es una vuelta de tuerca más de la reforma previsional aprobada en diciembre en medio de una gran crisis política producida por la movilización popular en su contra” y señaló que “si la reforma les robó a los jubilados 100 mil millones de pesos en el corriente año, con el decreto actual se avanza en la privatización del Fondo de Garantía de la Anses al habilitar la creación de fideicomisos con el gran capital, convirtiéndolo de hecho en una fuente de beneficios a compañías de seguro o bancos”
“El megadecretazo, además, cumple otra demanda de los bancos al permitir el embargo de las cuentas sueldos, esto en un contexto de creciente endeudamiento de las familias trabajadoras como resultado de la caída del poder adquisitivo del salario”, remarcó y precisó que “también en beneficio de las empresas, se reduce las penalidades a aquellas que tengan trabajadores en negro, desmintiendo de paso que el Gobierno tenga por objetivo avanzar en el blanqueo de trabajadores; no cabe duda que la reducción de las penalidades es un incentivo al crecimiento del trabajo en negro, que en la actualidad ya alcanza a uno de cada tres trabajadores”.
A su vez consideró que la medida “delata la intención del gobierno de imponer su programa antipopular incluso sorteando el Congreso, como lo comentó en tapa el diario oficialista La Nación” y subrayó que “la razón principal no radica en que le falten votos en las cámaras de Diputados y Senadores, sino que quieren evitar que las deliberaciones parlamentarias generen las condiciones para nuevas movilizaciones populares”.
“El silencio de Carrió sobre este megadecretazo muestra la hipocresía de la aliada ´republicana´ del Gobierno”, sentenció.