La diputada nacional de Cambiemos redobla su apuesta contra el líder sindical, aportando pruebas de supuestas maniobras “fraudulentas” realizadas con los aportes a las prepagas de los afiliados.
La embestida contra Hugo Moyano no cede, y es así que la diputada nacional oficialista Graciela Ocaña vuelve a Tribunales para ampliar su denuncia contra el líder camionero, asegurando que se queda con los aportes destinados a las prepagas de sus afiliados.
La legisladora acusa al exlíder cegetista de hacer maniobras “fraudulentas” con los aportes a las prepagas de sus afiliados. Según la legisladora, “el balance de la obra social de Camioneros muestra un saldo negativo. Lo que la empresa debe de forma inmediata no puede ser cubierto con todo el activo que tiene la obra social, incluso el auditor afirma que corre riesgo de seguir manteniendo la prestación”, señaló este jueves por Radio Mitre.
Ocaña confirmó su pedido de intervención de la obra social, “en cuanto a una ampliación de información que estoy realizando y analiza el balance de las empresas familiares de Moyano que muestra que han tenido una enorme ganancia vinculada al sindicato, la obra social y la mutual de Camioneros y la obra social tiene un patrimonio neto negativo de 1.200 millones negativos. Su deuda no puede ser cubierta con todo el patrimonio de la obra social”.
La denuncia de Ocaña ante el juez Claudio Bonadio alerta sobre supuestas maniobras de lavado de dinero, y además de pedir la intervención de la obra social solicita el congelamiento de firmas vinculadas con Moyano.
En el escrito elaborado por Ocaña, la gerenciadora de los sanatorios, clínicas y geriátricos de la obra social es Iarai, definida por la diputada como “la nave insignia y principal sociedad utilizada para el traspaso de fondos” hacia la familia Moyano.
Según información difundida por el portal Infobae, Iarai tuvo año tras año un fuerte crecimiento, pasando de facturar más de 130 millones de pesos en 2009, 413 millones y medio en 2014, el último ejercicio que se hizo público. Esa firma tiene registrados préstamos, inversiones, compras de inmuebles y también de otras sociedades.
Ocaña considera este flujo de fondos parte de un proceso de capitalización que escondería el traslado de plata de la obra social hacia la familia Moyano.
También le apunta a Dixey, otra empresa de la familia que adquirió tres inmuebles en Parque Leloir, donde fijó domicilio particular la esposa de Moyano. Entre 2009 y 2013, las ventas de esa empresa pasaron de facturar casi 7 millones de pesos a 62 millones y medio.
En cuanto a la obra social del gremio, la diputada Ocaña advierte sobre un quebranto que asciende a 636.935.873 pesos. Agrega que los últimos cuatro ejercicios contables de la misma muestran un patrimonio neto negativo, más allá del incremento de aportes y contribuciones.
Ocaña precisa que la posición económica de la familia Moyano y la de su esposa, frente a un servicio de salud “quebrado” como el que muestra su obra social prueba “la defraudación” y hasta el lavado de dinero.
