Piden interpelar a Acuña por el protocolo anti toma de colegios

El legislador del PO Gabriel Solano presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución, mediante el cual buscará que la ministra de Educación brinde precisiones acerca del nuevo protocolo de actuación ante la toma de colegios.

Luego de que la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, lanzara un nuevo protocolo de actuación ante la toma de establecimientos educativos por partes de sus estudiantes, el diputado del PO Gabriel Solano presentó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cual solicitó la interpelación a la funcionaria para que brinde precisiones acerca de la medida.

En este sentido, Solano explicó que la medida se debe a que dicho protocolo “representa un salto en la política represiva contra directores, estudiantes, docentes y padres, atacando la democracia y libertad en el ámbito educativo” y consideró que “en un ámbito donde debe velarse por la más amplia libertad y democracia para llevar adelante un proceso de aprendizaje, el Gobierno de Larreta replica las políticas del Ministerio de Seguridad que Patricia Bullrich quiere aplicar en todo el país”.

“Las medidas de la resolución formulada por el Ministerio de Acuña, buscan aplicar gravísimas sanciones contra los directores de los colegios que sean ocupados por los estudiantes”, aseguró y advirtió que “la amenaza de afectar su carrera docente por el simple motivo de que el colegio sea ‘tomado’, intenta convertir a los directores en agentes de la persecución y represión de esos propios estudiantes”.

Sobre esta misma línea, precisó que “ocurre lo mismo con los padres, a los cuales se los amenaza con causas en la justicia civil para que se afecte de su propio patrimonio los supuestos daños que las tomas ocasionarían en los colegios”.

En los fundamentos de la medida el legislador insistió en que la resolución expedida por el Ministerio de Educación se debe a que “el Gobierno quiere avanzar con la ‘Secundaria del Futuro’, que es resistida por los estudiantes, docentes y padres por su carácter precarizador y descalificador de la educación” y a la “reforma de la formación docente, que detrás del pomposo anuncio de la creación de una Universidad se destruirá los actuales institutos para avanzar también en un proceso de descalificación y privatización”.

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