Luego de que la semana pasada la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, diera a conocer un nuevo protocolo para evitar las tomas de colegios, los legisladores de Unidad Ciudadana le solicitaron a la funcionaria que les brinde información precisa sobre el protocolo anti tomas de colegios que ideó el Gobierno de la Ciudad. Además denunciaron que la medida desoye “la resolución judicial de la jueza de primera Instancia, Elena Liberatori, donde resolvió que ‘las tomas de colegios no constituyen delito’”.

Sobre esta misma línea explicaron -mediante una carta- que “la reocupación llegó a la Legislatura, luego de que el Ejecutivo de la Ciudad difundiera en diversos medios de comunicación un protocolo de actuación con mecanismos punitivos para las familias de los estudiantes que, a modo de reclamo, tomen un colegio” y recordaron que “según articulado elaborado por el Ministerio de Educación porteño, se establece que se deben ‘labrar actas con registro fotográfico del estado del patrimonio del establecimiento, al inicio y finalización de la toma, que deberán ser elevadas jerárquicamente a la máxima autoridad del Ministerio’ y de esta manera evaluar los posibles daños causados y responsabilizar los padres o responsables de los chicos”.

La carta sostiene que “teniendo en cuenta que en el año 2017 el Juzgado en Primera Instancia en lo Contencioso y Administrativo y Tributario N°4 a cargo de la señora Jueza Elena Liberatori determinó que las tomas de colegio no constituían un delito y dejó sin efecto el protocolo que el Gobierno porteño había difundido a las escuelas para determinar qué posición debía tomar un directivo en esos casos, asistimos con mucha preocupación a este nuevo anuncio, del pasado 15 de febrero, en relación con las acciones legales que el gobierno de la Ciudad pretende tomar contra las familias de los estudiantes que sean señalados por sus docentes como partícipes de una toma”.

Al respecto, la kirchnerista Lorena Pokoik afirmó que “el Gobierno que se dice 'del diálogo' destina recursos punitivos en vez de resolver los conflictos” y consideró que “con este protocolo lo único que pretenden es amedrentar y disciplinar a los estudiantes, a los padres y a toda la comunidad educativa”.

A su vez la legisladora Paula Penacca aseguró que “resulta muy preocupante que la ministra Acuña persista en esta actitud de falta de diálogo y de comunicación con la comunidad educativa” y remarcó que “desde el año pasado se suceden anuncios en los medios de comunicación como la Secundaria del Futuro y la UniCABA, que tienen un fuerte impacto en la vida escolar de familias, estudiantes y docentes”.

“No existe información oficial y la comunidad se entera con todo resuelto a través de los diarios, cuando tienen todo el derecho de participar y definir lo que pasa en las escuelas y el sistema educativo”, señaló y sentenció que “ya tuvimos la experiencia el año pasado con un protocolo que el ministerio negó haber enviado pero que llegó por correo electrónico desde allí a los directores; la justicia lo dejó sin efecto afirmando que la toma de escuelas no constituye un delito pero la ministra insiste en llevar adelante medidas con un claro sesgo punitivista y antidemocrático”.