En sintonía con la iniciativa oficializada en el Senado por Cristina Kirchner, la diputada del Frente para la Victoria-PJ propone hasta diez años de prisión para funcionarios públicos con cuentas offshore.
En línea con la iniciativa oficializada en el Senado por la expresidenta Cristina Kirchner, la diputada Fernanda Vallejos (Frente para la Victoria-PJ) anunció que presentará su propio proyecto contra los funcionarios con cuentas offshore, a partir del caso del ministro de Finanzas, Luis Caputo, a quien se vincula con una compañía radicada en las Islas Caimán.
El proyecto de Vallejos prevé penas de entre tres y diez años de prisión para los funcionarios públicos que omitan en la declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción su participación en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales.
La iniciativa abarca desde el presidente y vicepresidente de la Nación hasta los senadores y diputados pasando por el jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo, jueces, síndicos de la Auditoría General de la Nación, miembros del Consejo de la Magistratura y el defensor del Pueblo, entre los principales sujetos alcanzados.
Como novedad, se establece que no podrán ser precandidatos a elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos nacionales ni ser designados para cargos partidarios quienes sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales en paraísos fiscales.
Asimismo, no podrán ejercer la función pública “aquellas personas que sean propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes que tengan tributación favorecida, y los directivos que posean vínculos económicos con sociedades establecidas, constituidas o domiciliadas en tales jurisdicciones o regímenes”.
Vallejos también propone incluir en la ley a las personas que posean bienes en un fideicomiso ciego, “a menos que en dicho contrato se prohíba explícitamente la propiedad directa o indirecta del fideicomiso de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones con tributación favorecida”.
Por otra parte, se prevé la creación de una Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento de los conflictos de intereses vinculados a jurisdicciones de tributación favorecida, “con el fin de que el propio Poder Legislativo se involucre de lleno en la lucha contra la corrupción estructural”.
“La recurrencia de la aparición de funcionarios vinculados a escándalos en paraísos fiscales nos conduce a inducir que no se trata de algunos casos puntuales, sino de una práctica que es propia de este gobierno como un todo, en tanto sus funcionarios son, antes que actores políticos, empresarios y CEOs”, argumentó Vallejos.
La legisladora señaló que “estas prácticas hacen factibles hechos de corrupción, permitiendo que la ruta del dinero no pueda ser rastreada, y por lo tanto facilitando el lavado de activos”.
