Los legisladores porteños volvieron a insistir con un proyecto de ley para promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero.
Más de 30 legisladores de la Ciudad de diferentes bloques de la Legislatura presentaron un proyecto de ley para promover y garantizar derechos en el ámbito laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero. La iniciativa ya había sido presentada con anterioridad por otros diputados, pero había perdido estado parlamentario.
La medida propone como obligatorio que un porcentaje de los puestos de trabajo en el sector público de la Ciudad sea destinado a la incorporación de personas trans, al mismo tiempo propone un incentivo impositivo para las empresas privadas que abran una contratación similar, promoviendo así la igualdad de oportunidad de empleo para todos.
Asimismo establece la incorporación en el Código Fiscal de un incentivo fiscal a empleadores de personas trans, mediante el cual se prevé que “las entidades privadas que contraten a personas trans respecto de la base imponible del impuesto, equivalente 50% de las retribuciones correspondientes al personal travesti, transexual y transgénero en cada período fiscal. El cómputo del porcentaje deberá hacerse al cierre de cada período fiscal mientras se mantenga la relación laboral”. Dicho beneficio se les concederá por un período de tres año por cada empleado trans.
En los fundamentos de la medida los legisladores explicaron que “en nuestro país, la comunidad travesti, transexual y transgénero se encuentra entre una de las poblaciones más vulneradas históricamente en materia de acceso a la salud, educación y particularmente el trabajo” y aseguraron que “esta realidad está atravesada por un contexto de persecución, exclusión y marginación, con muchas dificultades para obtener derechos para la igualdad de oportunidades y de trato; la mayoría de ellos vive en extrema pobreza, privados/as de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, en muchos casos, siendo expulsados/as desde niños/as de sus hogares y del ámbito escolar”.
El trabajo es el resultado de las demandas del colectivo LGTBI en su conjunto para un sector poblacional cuya historia está marcada por la exclusión social y la imposibilidad del acceso a la salud, la educación y el trabajo, condiciones mínimas e indispensables para el desarrollo de la vida de cualquier persona. El 35% de este sector poblacional muere entre los 22 y los 41 años por diferentes situaciones de violencia y asesinatos pero es el VIH-Sida, que trepa a más del 60%, la principal causa de muerte.
Cabe señalar que desde el año 2012 más de 8.000 personas se acogieron a la Ley 26.743 de Identidad de Género, pero el acceso al ámbito laboral sigue siendo una rémora.
La iniciativa fue redactada por el jefe del Bloque Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, y el vicepresidente primero de Vamos Juntos, Maximiliano Ferraro. También acompañaron el proyecto como coautores la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Victoria Montenegro; la presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia, Andrea Conde; y los legisladores Diego García Vilas (VJ), María Patricia Vischi (Suma+), Roy Cortina (PS), Marta Martinez, Fernando Vilardo (AyL), Sergio Abrevaya (GEN), entre otros.
