El expediente fue girado por el TOF N°2 de la Capital, para que resuelva si se debe o no realizar un único juicio oral junto con la causa contra Lázaro Báez a Cristina Kirchner y Julio De Vido, entre otros imputados por lavado de activos.
Por conflicto de competencia en la causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N°2 elevó a la Cámara Federal de Casación el expediente para que resuelva si se debe realizar o no el juicio oral a los imputados por lavado de activos.
Se trata de la causa quee intenta debatir la posible responsabilidad penal de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Antonio Báez, Julio Miguel De Vido, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Carlos Santiago Kirchner, Abel Claudio Fatala, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez.
El texto indica “la existencia y funcionamiento de una asociación ilícita de carácter estable y permanente ideada con motivo de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes de la Nación, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, exfuncionarios públicos de distintas agencias estatales y otras personas de su extrema confianza, montada en base a una división de roles definidos y estratégicos dentro y fuera de la estructura administrativa del Estado, y sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años destinada a cometer múltiples delitos para sustraer y apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de millonarios fondos públicos”.
Según se denuncia, “la integración de esta organización criminal tuvo como jefes a los exprimeros mandatarios Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández, y como organizadores al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio Miguel De Vido, al exsecretario de Obras Públicas José Francisco López, al exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, al ex Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, al amigo personal y socio comercial de los expresidentes, Lázaro Antonio Báez, entre otras personas”.
De acuerdo con el expediente, esa supuesta asociación delictiva “funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y fuera de ella a través de la instauración de una ingeniería societaria”.
