La senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner sumó una nueva acusación en el marco de la causa Hotesur. Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques solicitaron al juez federal Julián Ercolini que la cite a declaración indagatoria por millonarios pagos de Aerolíneas Argentinas al Hotel Alto Calafate, propiedad de la expresidenta, para hospedaje de tripulantes.

El requerimiento de los fiscales incluye a los exdirectores de Aerolíneas Argentinas Julio Alak y Mariano Recalde -actual legislador porteño-, al exsubgerente de la empresa, el diputado nacional Axel Kicillof; además de los empresarios Lázaro Báez, su hijo Martín Báez y Osvaldo “Bochi” Sanfelice, exsocio de Máximo Kirchner en una inmobiliaria.

La acusación es por las sumas que Aerolíneas Argentinas, empresa controlada por el Estado, pagó en concepto de alquiler de plazas hoteleras, “interesadamente y con total desapego a las reglas de transparencia con que debe manejarse el patrimonio público”, indicaron los fiscales en su escrito.

En la resolución se señala además que la exmandataria y los gerentes de Aerolíneas Argentinas durante el kirchnerismo “se interesaron” en contratar el hotel de los Kirchner y, afirmaron, la manera de “poner distancia” y entre ellos y la empresa era a través de intermediarios, para tratar de “disimular” las operaciones.

En total fueron nueve los contratos entre el hotel y la empresa, por un total de 16 millones de pesos, a través de los cuales la línea aérea estatal pagó por unas 26.000 habitaciones.

“Los tripulantes de Aerolíneas Argentinas le garantizaban un flujo real de ocupantes, en contraposición, a los contratos simulados por el alquiler de habitaciones en el referido hotel que eran celebrados con las empresas del Grupo Báez para justificar en los papeles el flujo de fondos que por esta vía eran blanqueados”, indicaron Pollicita y Mahiques.