Con la participación de escritores, médicos y dirigentes de distintas organizaciones, continuaron este jueves escuchándose en la Cámara de Diputados los argumentos a favor de la despenalización y legalización del aborto.

Claudia Piñeiro, Alejandro Katz y María Rachid fueron parte de la nueva tanda de oradores que defendieron el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo ante el plenario de las comisiones de Legislación General, Legislación Penal, Familia y Salud.

Una de las primeras expositoras fue la exdiputada María Elena Barbagelata (Partido Socialista), quien aseguró que, entre otros aspectos, “la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo vulnera los derechos de las mujeres a la no discriminación y a la igualdad, a la salud y a la atención médica adecuada, a la vida, a la libertad y dignidad, a la privacidad”.

Asimismo, la dirigente sostuvo que la sanción del aborto “implica considerar que la mujer no es un sujeto de derechos, sino una cosa, que no puede decidir sobre su cuerpo” y dijo que con la pena “lo que se castiga, en definitiva, es la decisión de no querer convertirse en madre”.

A su turno, Alejandro Katz sugirió retirar de la discusión “los principios y valores” porque los argumentos desprendidos de éstos “no están destinados a buscar acuerdos”. “Una discusión sobre principios es una discusión destinada a quién es mejor”, reflexionó.

Para el escritor, la ley “debe incluir a la decisión de la mujer” como una “causa suficiente” para la interrupción del embarazo. “Un cambio en la legislación no provocará un cambio en las prácticas sino en las condiciones en que estas se realizan, permitiendo que sean sanitarias y efectivamente adecuadas, y suprimiendo parcialmente la manifiesta y extrema inequidad que hoy existe entre mujeres que pueden pagar un aborto y aquellas que se encuentran obligadas a hacerlo en formas miserables”, expresó el intelectual.

Por su parte, Mario Sebastiani, médico de la División de Ginecología y Obstetricia del Hospital Italiano, consideró “erróneo” que “se mire al aborto apropiándose de una ética una creencia personal cuando la realidad de la calle, de la vida de nuestras mujeres, muestra que necesitamos una ética social, de valores políticos, de valores relacionados con la salud pública y la dignidad de las mujeres”.

El doctor subrayó que “existen múltiples visones sobre el concepto de persona, pero en una sociedad pluralista, en un Estado laico, ninguna de ellas debiera ser tomada de manera taxativa y, aún peor, manipulada”. “Afirmar que el embrión es una persona desde el momento de la concepción puede ser válido para un legislador, para una ley o para una religión, pero no lo es para la filosofía y no lo es para la ciencia”, aseveró.

Representante de MuMaLá, Laura González Velasco manifestó que el aborto legal “es una causa de justicia social” porque son “las mujeres más pobres y las más jóvenes las que mueren en la Argentina por aborto clandestino”. Reclamó además la “falta de educación sexual en las escuelas” y señaló que “necesitamos un cambio cultural” sobre el uso de métodos anticonceptivos, los cuales deben ser garantizados gratuitamente por el Estado.

Una de las oradoras más aplaudidas fue la escritora Claudia Piñeiro, quien rogó que los que están en contra del aborto legal “no nos roben la palabra vida”, e incluyó al presidente Mauricio Macri. La autora dijo entender que “hay gente que lo hace inocente e ingenuamente” pero enfatizó: “No puedo permitir que ustedes señores diputados, los ministros de este gobierno, o el señor presidente pequen de ingenuos”.

Militante del colectivo LGBT, María Rachid comparó el debate que se dio en 2010 durante la aprobación de la ley de matrimonio igualitario con la actual discusión sobre el aborto. Además, solicitó a los diputados “no” dejarse “intimidar” por “sectores minoritarios” que en su momento también se opusieron a dicha norma, y les recomendó votar “de acuerdo a la evidencia científica real”.

La abogada del “caso Belén” -la joven tucumana que fue absuelta de la acusación de homicidio por un aborto espontáneo-, Soledad Deza aseguró que “existe interés estatal en criminalizar a las mujeres y en perseguir este delito” y agregó que “el proceso penal, y no sólo las condenas, son un castigo”.

Deza citó un relevamiento realizado en 2012 sobre los abortos en los últimos 20 años a esa fecha, en el que se arrojó que “534 causas se judicializaron a causa de aborto”, de las cuales “el 97 por ciento tiene a las mismas mujeres abortantes como imputadas”. “Si bien el 79 por ciento terminan con sus causas archivadas, sólo el 1% resulta sobreseída”, remarcó.