Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) advierten que el proyecto de reforma integral del Código Procesal Penal de la gobernadora María Eugenia Vidal no resuelven los problemas que aquejan al sistema judicial penal bonaerense, y contrariamente, “atenta directamente contra la única institución que ha mejorado la administración de la justicia penal: el Juicio por Jurados”.

El instituto publicó un comunicado en el que señalan que el proyecto presentado “carece de lógica y de fundamentos constitucionales”, y que es contrario al anteproyecto elaborado por la Comisión de Reforma del Código Procesal Penal, convocada por el propio Poder Ejecutivo provincial el año pasado, cuando se acordó no modificar el juicio por jurados y el sistema recursivo.

Además, indican que la iniciativa “no parte de un diagnóstico del funcionamiento del sistema”, y que ha sido “deliberadamente inoperante, perjudicando su buen desarrollo”.

Es que, desde el INECIP sostienen que en los tres años que lleva el Juicio por Jurados en la provincia, el sistema se ha consolidad y ha demostrado, por sobre todo, “la capacidad de la ciudadanía para intervenir en una función tan importante como el es determinar sobre la libertad de una persona”. Y que por eso, invertir la regla constitucional que estable que los juicios criminales son ante jurados populares, salvo que el imputado renuncie expresamente a ese derecho, “invierte la lógica de principio y excepción, y desalienta su realización”.

Asimismo, advierten que otra modificación que “echa por tierra los estándares actuales, desvirtuando profundamente al jurando”, es el cambio de las reglas de mayoría. Hoy se necesitan 10 de 12 jurados para la mayoría de los casos, y unanimidad para condenas con penas perpetuas. La reforma reduce esas reglas a 9 de 12 y 10 de 12 respectivamente, eliminando la exigencia de la unanimidad para los casos más graves. Al respecto, sostiene que el cambio expresa “la desconfianza del gobierno provincial en la capacidad de la ciudadanía para arribar a decisiones de consenso, cuando los casi doscientos juicios realizados hasta la fecha demuestran que estos niveles de acuerdo son perfectamente alcanzables: más de la mitad de los juicios tuvieron veredictos unánimes, pese a que esto no siempre era requerido”.

Desde el instituto entienden que la justificación de estos cambios en la reivindicación de los derechos de las víctimas es “un acto de demagogia inaceptable”, y, en este sentido, advierten que “no se protege a la víctima limitando la participación de la ciudadanía en la administración de justicia, ni devolviendo a los jueces el poder que han tenido”. Escudada en un discurso de protección a la víctima, “la reforma es un intento de re-establecer un status quo inquisitorial y medieval que permitió decisiones judiciales de espaldas a la sociedad y, en algunos casos, también en connivencia con el poder político de turno”.

Por esto, sostienen que un gobierno que pone en el centro del discurso la transparencia y la independencia judicial, “no puede cambiar el sistema de jurados como lo pretende sin convertirse en una farsa”. Y que si realmente se quisiera mejorar el sistema de jurados, y luchar contra la corrupción y las mafias, “lo que corresponde es fortalecer aún más su funcionamiento y ampliar la competencia del jurado a los delitos contra la administración pública”.

Finalmente, solicitaron a los legisladores de todos los bloques políticos que revisen y debatan con detenimiento esta iniciativa, que “así como se propone, no debería ser aprobada”.