La política social que lleva adelante el gobierno de Macri está directamente relacionada con su política económica. En efecto, la implementación de un modelo de apertura económica, sumado al fuerte proceso de endeudamiento externo con altas tasas de interés, tienen como consecuencia la desindustrialización, que genera un aumento de la desocupación, un crecimiento del empleo informal y por ende, la destrucción del mercado interno.

En paralelo, con el objetivo de bajar el déficit fiscal, el gobierno aplicó tarifazos a los servicios públicos y comenzó con una quita de subsidios, mientras que le bajaban o quitaban impuestos a sectores concentrados y exportadores. El déficit fiscal no solo no bajó, sino que aumentó por el peso de los intereses de la deuda, que terminó siendo, y aún es hoy, el gasto que más creció.

En este marco se dio una transformación en la política social llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley. Esta transformación tiene como consecuencia y se expresa en que quienes quedan excluidos del mercado, debido a la política económica señalada, son individuos que en vez de derechos, deben recibir “ayuda” o “favores” del Estado, como expresó la propia ministra Stanley.

Se pasa de una política basada en sujetos destinatarios de derechos a otra donde los individuos son considerados emprendedores que definen individualmente su destino, y que en caso de no integrarse al mercado laboral formal, deben recibir una asistencia del Estado.

En la práctica esta política social que implementa la ministra Stanley perjudica a los sectores más castigados por la política económica neoliberal. En este sentido, desde la asunción de Cambiemos se procedió a la eliminación y recorte de 170 mil pensiones a personas con discapacidad sin mediar resolución y estudio de los casos previamente que fundara la medida, lo que ha perjudicado gravemente a ese colectivo social.

Por este motivo desde la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación hemos citado en varias oportunidades a la ministra durante 2017 para que brinde las explicaciones, pero sin embargo, no concurrió en ninguna oportunidad.

Luego el gobierno procedió de manera sorpresiva a la eliminación de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales mediante decreto de necesidad y urgencia N° 698/17 y creó la Agencia Nacional de Discapacidad. Esas instituciones dependían del Ministerio de Desarrollo Social, no así la nueva Agencia que se constituye como un ente descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, con autarquía económico-financiera y personería jurídica propia.

Esta medida se tomó de manera unilateral, sin consulta previa a las organizaciones de personas con discapacidad ni al Congreso de la Nación. Sin embargo, gracias al trabajo conjunto entre las organizaciones del colectivo afectado y de algunos diputados de la comisión de discapacidad, se logró que la comisión bicameral de trámite legislativo dictaminara su invalidez. Pero el expediente quedó cajoneado, y el DNU sigue vigente.

Del marketinero Plan Nacional de Discapacidad que anunció el presidente de la Nación junto a la vicepresidenta Michetti, no tenemos aún noticias.

Otra de las medidas significativas que tomó el gobierno nacional en el área social fue subsumir los programas “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja” en el programa “Hacemos Futuro”. Por este motivo Stanley también fue citada al Congreso Nacional, pero la ministra tampoco acudió.

En el caso de “Ellas Hacen”, era un programa que se diseñó y puso en marcha en 2013 para mujeres sin techo y víctimas de violencia machista con el objetivo de que pudieran construir su propia casa y además recibir una remuneración mensual. Gracias a esa política pública muchas mujeres pudieron capacitarse en albañilería, electricidad, plomería y otros oficios que por lo general eran patrimonio de los varones.

Si bien el gobierno anunció la reconversión del programa negando su disolución, las beneficiarias del mismo han denunciado que hace dos años están sin actividad (Página 12, 2/4/2018). “Hacemos Futuro” plantea “mejorar las condiciones de empleabilidad promoviendo la autonomía económica” y establece como requisitos la terminalidad educativa, la capacitación y la actualización de los datos. De forma paradójica el mismo gobierno que cierra escuelas, exige la terminalidad educativa.

Este programa al mismo tiempo ya no exige a los beneficiarios formar parte de las cooperativas. Se prioriza así lo individual frente a lo colectivo en la lógica del “esfuerzo individual”. También se prioriza la lógica de gestión de las ONG y la tercerización de las políticas públicas.

Estas políticas asistenciales, como se menciona en un informe de la Fundación German Abdala sirven como contenedoras de la caída de la actividad laboral producto de la política económica, y no como dinamizadoras del consumo como sí se producía en el anterior gobierno.

Esta reconversión de los planes sociales no estaría funcionando ya que según una nota del diario La Nación, apenas 12.280 beneficiarios accedieron a puestos laborales en la gestión de Macri, cuando la expectativa era que llegara a 80.000 personas.

El gobierno desvinculó la problemática de la pobreza de lo laboral y la discusión sobre la desigualdad social. El discurso que justifica las políticas que la ministra Stanley lleva adelante se centra en el individuo aislado y en dar oportunidades.

Como señalamos al principio, no puede desvincularse este cambio en la política social de la política económica que aplica Cambiemos. Una política que es regresiva ya que concentra el ingreso y favorece la especulación financiera mediante la deuda. La industria nacional y el mercado interno se ven así seriamente afectados. Frente a esta situación que genera mayor exclusión social, la política que aplica la ministra profundiza la situación y hace responsable a los propios sectores populares mediante una mirada individualista.

*Diputado nacional del Frente para la Victoria-PJ, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja.