Los diputados del Bloque Peronista -María Rosa Muiños, Santiago Roberto, Silvia Gottero y Claudio Heredia- impulsaron en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual buscarán regular el accionar de las agencias de cobranza extrajudicial, con el objetivo de garantizar el trato digno al consumidor y evitar las prácticas comerciales que pudieran vulnerar sus derechos.

La iniciativa cuenta con el apoyo de numerosas ONGs de defensa al consumidor y se sustenta en el Artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que los proveedores de bienes y servicios deben garantizar las condiciones de atención y trato digno a los consumidores y usuarios.

En ese sentido Muiños explicó que “el objetivo es evitar que a las personas que adeudan cuotas de algún bien o servicio las estén llamando permanentemente o enviando notas con falsas denuncias penales, tanto a su casa como a su trabajo, para presionarlos con el pago de las mismas; porque entendemos que las empresas ya cuentan con herramientas legales que van desde demandas judiciales hasta embargos del sueldo”.

“De ninguna manera pretendemos que los deudores dejen de pagar porque hay un compromiso que asumieron y que tienen que cumplir”, manifestó y aclaró que “sin embargo, no tienen por qué sufrir hostigamientos vergonzantes, por teléfono o por correo, por parte de las agencias de cobranza, que los pueden llevar incluso a perder el empleo. Por eso, estamos planteando que tengan la posibilidad de denunciar estos acosos para que no los sigan padeciendo”.

Es por eso que el el proyecto considera “trato indigno” a la reiteración de llamadas al deudor, una vez que este haya solicitado el cese de las comunicaciones; llamadas a teléfonos laborales; a teléfonos personales en horarios inconvenientes -antes de las 9 y después de las 20 horas- o en días no hábiles; el envío de cartas, tanto al hogar como al trabajo, con apariencia de reclamo judicial o que incluyan leyendas tales como “deudor” o “moroso”, sin haberse iniciado ninguna causa; y el envío de correos electrónicos a una casilla que no haya sido suministrada por el deudor o que pertenezca a una persona diferente.

Asimismo, el legislador Roberto hizo referencia a “las situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias” por parte de las empresas de cobranza. “Este tipo de prácticas surgen, por ejemplo, cuando le informan a la persona sobre las consecuencias que puede acarrear el no pago de su deuda, como el inicio de una causa penal”.

“Si el deudor solicita que no se lo vuelva a contactar, tanto en forma telefónica o por carta, quedará absolutamente prohibido reiterar esas prácticas. Para ello bastará con que se lo haga saber al agente de cobranzas”, sentencia la medida.