Minutos antes de las 15, el Senado inició la sesión en la que Cambiemos intentará aprobar, con acompañamiento de parte de la oposición, las leyes de Defensa de la Competencia y de Compre Argentino, dos proyectos que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados, aunque sólo uno obtendrá sanción definitiva.

Se trata del régimen de Compre Argentino, que amplía la preferencia sobre bienes de origen nacional del 7% actual al 15% para las pymes, mientras que para las grandes empresas pasará de 5% al 8%. Asimismo, el proyecto mantiene en el 40% la participación del componente importado para que la denominación sea “bien nacional”.

El segundo proyecto apunta a endurecer las sanciones contra la cartelización, y crea la Autoridad Nacional de la Competencia, a la vez que instaura un Programa de Clemencia para facilitar la detección de conductas monopólicas. Pero dado que el texto recibió cambios en comisión, deberá volver a la Cámara baja.

Inés Brizuela y Doria, presidenta de la Comisión de Derechos y Garantías, indicó que “la ley actual tiene una serie de debilidades, como la autoridad de aplicación, que hoy es el secretario de Comercio, un funcionario político que carece de independencia a la hora de cumplir los objetivos”.

Por eso, el proyecto crea la Autoridad Nacional de la Competencia, como organismo autárquico, descentralizado e independiente en el ámbito del Poder Ejecutivo, que estará conformada por el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.

El tribunal estará integrado por cinco miembros, quienes deberán tener “idoneidad técnica” en la materia y presentarse a concurso público. Luego de la pre-selección, el Ejecutivo deberá enviar los pliegos al Senado para que preste su acuerdo.

Se establecen los requisitos por los cuales una operación de fusión deberá ser notificada a la autoridad de aplicación, elevando los montos para “evitar una sobreabundancia de trámites de menor cuantía”, explicó Brizuela y Doria.

Otro aspecto tiene que ver con las sanciones, que “hoy son bajas y no cumplen el carácter disuasivo que deberían tener”, por lo que “los grandes empresarios eligen violar la ley”, advirtió la senadora.

Puntualizó que en ese sentido se contempla desde el cese de las conductas anticompetitivas, hasta la aplicación de multas de acuerdo a la gravedad del ilícito y la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado.

Dado que, según Brizuela y Doria, “la autoridad de aplicación no tiene las herramientas necesarias para prevenir, perseguir y penalizar carteles”, un punto importante es la creación de un Programa de Clemencia, que exime de sanción al primer integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias para detectarlo y sancionarlo; y reduce la multa entre el 20% y el 50% para algún otro miembro que aporte una prueba adicional.

También se habilita a los consumidores que se vean afectados a iniciar acciones por daños y perjuicios en proceso sumarísimo, y se crea una Sala de Defensa de la Competencia dentro de la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial.