El proyecto de ley impulsado por el justicialismo y el massismo para frenar la suba de tarifas no fue habilitado en la Cámara de Diputados por 132 votos a favor y 106 en contra, al necesitar los dos tercios para ser tratado sobre tablas.

Luego de que el oficialismo permitiera debatir cada uno de las iniciativas pedidas por la oposición en el temario de la sesión especial, la iniciativa que ayer obtuvo dictamen en dos de las cuatro comisiones a las que tenía giro, quedó bloqueado por el oficialismo, que bajó al recinto.

Encargado de defender la propuesta, el diputado Diego Bossio (bloque Justicialista) enfatizó que “cuando hay voluntad política las cosas se discuten. Es legítimo que no quieran dar quórum, que quieran trabar una discusión, pero acá no hay voluntad política del oficialismo de discutir el tema tarifas”.

Negó que el tema sea “de especulación política” y continuó: “¡No nos digan que estamos especulando políticamente! Queremos discutir un tema concreto que afecta a miles y miles de argentinos”.

“Cuando nos plantean el tema del déficit fiscal y Macri dice que ‘no se puede hacer magia’, le pregunto al presidente si una familia puede hacer magia para pagar las tarifas y llegar a fin de mes”, expresó el legislador del interbloque Argentina Federal.

El extitular de la ANSeS analizó que “acá hay un aumento desmedido por parte del Poder Ejecutivo que viene a resolver una cuestión técnica, pero sin tener en cuenta una realidad política y social en el conjunto de la sociedad”. “Hay que resolver el problema de las tarifas para que efectivamente haya más demanda agregada, haya más consumo, haya más producción, haya más rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas y, a partir de ahí, se puedan ordenar sí las cuentas públicas”, reflexionó.

Por su parte, la jujeña Carolina Moisés pidió tomar en serio la discusión y consideró “una burla” el pago en cuotas, pero alertó sobre la afectación de las economías familiares y reclamó “una decisión razonable para la gente”, pidiéndole “un poquito de sensibilidad al oficialismo”.

El texto titulado “Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos” establece que si el Gobierno decide incrementar las tarifas por causas objetivas y justificadas, ese aumento no podrá exceder el del promedio de los salarios para usuarios residenciales, ni el IPC mayorista para las PyMEs, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas.

La iniciativa también establece en el caso de los usuarios residenciales que las tarifas serán estables por 12 meses.

Para los clubes de barrio y entidades de bien público, se implementa un sistema de tarifa social en el que pagarán solo el 20% del valor de la factura.

En tanto, se elimina la alícuota especial de 27% de IVA para consumo de servicios públicos de PyMEs, y se prohíbe la creación de nuevos impuestos a los servicios públicos.

El proyecto también crea una Comisión Bicameral de Seguimiento de Acciones de Estado, para “llevar adelante el seguimiento, evaluación y control del cumplimiento físico del plan de inversiones establecido en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral dentro de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)”.