En un escrito presentado este jueves ante el juez federal Luis Rodríguez, que tramita la causa sobre corrupción en la mina de Río Turbio, diputados del Frente para la Victoria-PJ reclamaron que se levante la prisión preventiva de Julio de Vido.

Los legisladores consideraron que “no existen ni se mantienen ninguno de los presupuestos que justifiquen la continuidad de la medida”, la cual remarcaron “afecta el normal desenvolvimiento del Cuerpo parlamentario y lesiona gravemente la voluntad popular y la representación política de la composición de la Cámara de Diputados”.

Además, los kirchneristas solicitaron “explicaciones sobre las condiciones actuales de la detención” del exministro de Planificación Federal, en prisión desde octubre pasado, cuando fue desaforado y suspendido por la Cámara baja.

“Se fueron cayendo y eran de una insostenible fragilidad los argumentos jurídicos que oportunamente se establecieron para la prisión preventiva”, señalaron desde el bloque que conduce Agustín Rossi. Y agregaron: “Está claro que no existen sustentos jurídicos para una medida excepcional y transitoria como puede ser una prisión preventiva”.

A través de un comunicado, los diputados del FpV-PJ sostuvieron que hay “una decisión de orden político de extrema gravedad que quiebra las garantías constitucionales, la representación política y el normal desenvolvimiento de la Cámara de Diputados, impacta en la sanción de leyes, así como en la conformación de nuestro bloque de representación política”.

“Está más que probado y es obvio que no hay peligro de fuga y que se presentó a cada requisitoria judicial, no hay posibilidad alguna de entorpecer o interferir en las investigaciones que se efectuaron y que se continúen haciendo”, enfatizaron.

También expresaron que “el absurdo fundamento de ser presidente de la Comisión de Energía de Diputados ya no existe y el sustento de la acusación basada en una pericia contable de uno de los peritos que usó el juez (Claudio) Bonadio se desplomó a criterio de la propia justicia de apelaciones al considerarla una infamia”.

En la presentación al magistrado, requirieron que “a más de seis meses de su detención y frente a diversos pronunciamientos del fuero en relación a otras causas que lo tienen como imputado, justifique la continuidad y mantenimiento de los presupuestos que otrora motivaran su detención, y en caso de no haberlos, disponer su inmediata libertad a fin de que recupere su estado de parlamentario y cumpla las funciones que el pueblo le encomendara por conducto del sufragio”.

Además, dicho pedido se justifica ante “la imposibilidad fáctica de Julio de Vido de satisfacer sus funciones legislativas y el derecho de poder cumplir con las funciones legislativas tal como el pueblo sufragante lo dispuso en 2015”.

“El desafuero del diputado, se urdiría por este mecanismo judicial una maniobra de avasallamiento institucional de la voluntad popular, gestado por el Poder Judicial y los diputados del oficialismo que favorecieron la maniobra de desahucio, y que a cierto tiempo vista se puede apreciar sin lugar a dudas”, apuntaron.