La diputada de Cambiemos responde preguntas ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, por la solicitud judicial en la que se la acusa de lavado de dinero y se pide que sea desaforada para su detención.
La diputada nacional Aída Ayala (UCR) se defiende ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del pedido de desafuero y detención enviado a la Cámara baja por la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger. “Es falso de toda falsedad”, afirmó la radical en relación a los delitos de los que se la acusa.
Al tomar la palabra, la legisladora de Cambiemos agradeció la posibilidad de exponer ante la comisión y dijo que contestaría “cada una de las preguntas”, al tiempo de “aportar todas las pruebas” como ya lo hizo ante la justicia federal. Entre ellas, presentó para cada uno de los diputados una copia de su declaración jurada.
Luego de enfatizar que se enteró “por los medios televisivos y radiales” del pedido de desafuero y que “en ningún momento” fue notificada, Ayala recordó que se presentó de forma espontánea para que se le tome indagatoria. “Se me acusa de ser jefa de una banda para lavado de dinero, se me acusa de haber llamado a licitación para la concesión de servicios de recolección de residuos y se me acusa de enriquecimiento ilícito”, señaló.
Y, a continuación, aseguró: “Esto es falso de toda falsedad”. Además, la exintendenta de Resistencia negó ser “rica ni lícita ni ilícitamente”. “No soy jefa de una supuesta banda de empresarios que están hace muchos dedicados a distintos rubros”, amplió y resaltó que “esos empresarios están hoy trabajando bajo esa misma figura contractual con el intendente (Jorge) Capitanich y el gobierno provincial”.
En relación a los hechos, la exjefa comunal sostuvo que “el llamado a una licitación para una concesión de servicios está prohibida por la Constitución del Chaco”, y explicó que “se trata de una licitación para alquiler de 21 camiones compactadores, 100 contendores y una camioneta”.
Mencionó que la contratación se realizó en el año 2014 “bajo las normas vigentes”. “Está hecho a derecho, legalmente y esa contratación es el motivo de sospechas infundadas por parte del fiscal (Patricio Sabadini)”, agregó. Acompañada por su abogada, Olga Mongelós, la radical afirmó que durante sus 12 años como intendenta “todo lo que se ha hecho fue correcto” y “sin observaciones” por parte del Tribunal de Cuentas.
Ayala apuntó al actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, quien “en la prensa habla de sobreprecios, pero en el testimonio él dice que no puede decir técnicamente absolutamente nada sobre eso; en la prensa dice que hubo una renegociación, pero en el expediente declara que continúa con el mismo régimen de contratación”.
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