La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios presidida por el diputado nacional Julio Solanas (FpV-PJ) abordó este miércoles la temática de humedales y acuíferos, y además dio dictamen a distintos proyectos de resolución y declaración.

De la reunión participaron autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y referentes de distintas provincias relacionados con el tema, quienes se refirieron a la importancia de aprobar la ley.

A su turno, el ingeniero Gerardo Mujica, especialista del INTA en materia de Humedales, se refirió a la “necesidad de una ley de presupuestos mínimos para la protección, uso racional y sostenible de los humedales”, al señalar que “es fundamental para los sistemas productivos tradicionales”.

Por otra parte, el ingeniero Francisco Damiano, del Instituto de Investigación Clima y Agua del INTA, expresó que “se trata de una institución que hoy presenta un programa de agua a nivel nacional”.

Luego, el licenciado en Salud Ambiental Francisco Savoy, consejero directivo y docente de la facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), habló sobre “la incidencia de una ley nacional de protección de humedales en la resolución de conflictos locales” y en “la urgencia de una legislación que brinde las herramientas necesarias para abordar los problemas y las soluciones del medio ambiente”.

Asimismo, el presidente de la Fundación Humedales, Rubén Quintana, sostuvo: “Es lamentable que en Argentina haya pérdida en degradación de humedales”, ya que “es fundamental proteger los ecosistemas como fuentes de agua para la sociedad por su biodiversidad, protección de costas y de inundaciones”.

La ley de presupuestos mínimos para la protección, uso racional y sostenible de los humedales, había logrado media sanción del Senado de la Nación en 2016 pero perdió estado parlamentario.

Los proyectos, que son reproducciones de los presentados por los diputados Marcelo Monfort (UCR) y Alicia Ciciliani (Partido Socialista, mandato cumplido) proponen un ordenamiento territorial de humedales que harán posibles acciones de protección en estos ecosistemas, fundamentales para aliviar inundaciones y proveer de agua potable. Además, incorpora una moratoria para impedir, mientras se elabore este relevamiento, la continuidad de las obras o el inicio de actividades nuevas que impliquen cambios del uso del suelo.

Según el texto, se establece un régimen de sanciones y apercibimientos. Y se crea un inventario nacional de humedales que deberá estar listo en al menos 5 años y un fondo que estará destinado a la compensación de los titulares de la tierra.

Por último, diputados de todos los bloques pidieron que se convoque a los ministros de Medio Ambiente de las provincias, a funcionarios nacionales y de áreas de recursos hídricos que poseen humedales, antes de emitir dictamen para que el proyecto se debata en el recinto.