Cuando el discurso oficial avizoraba una mejora debido al ingreso de los dólares del FMI y la declaración de ´mercado emergente´, el Gobierno ha tenido una semana negra. El proceso devaluatorio se ha profundizado dejando al dólar al borde de los 30 pesos, esto a pesar de las permanentes ventas realizadas por el Banco Central. A poco de asumir Luis Caputo repitió el libreto que a Sturzenegger lo llevó a perder su puesto: vendió dólares ´baratos´ a los bancos, que rápidamente hicieron ganancias enormes con el encarecimiento del tipo de cambio. La corrida se aceleró en la última jornada de la semana. Aunque el compromiso original era vender 100 millones de dólares por día, Caputo resolvió vender el viernes 450 millones sin que eso impida que se produzca un nuevo avance del dólar. La información periodística se pregunta si la intervención de Caputo cuenta con el visto bueno del FMI, debido a que en el acuerdo alcanzado el Fondo había puesto la condición de que el BCRA debía dejar flotar el tipo de cambio. De no ser así el FMI podría amenazar con bloquear los futuros desembolsos obligando al Gobierno a llevar la devaluación a niveles todavía más altos.

El nuevo salto en el tipo de cambio fue de la mano de una caída de las acciones de las empresas argentinas tanto en la bolsa local como en Wall Street, y de una nueva suba del riesgo país, que volvió a los niveles del 2015. Este hecho desmiente, de paso, que la crisis se limita a una corrida cambiaria. Es que la pérdida de valor de los activos argentinos no se limita a su moneda. Bien visto, la caída de las acciones muestra que el ´mercado´ descuenta un retroceso de los beneficios empresariales, algo que contrasta con la burbuja que había elevado artificialmente las acciones de las empresas. Esta burbuja había tenido por base el endeudamiento gigantesco comandado por el macrismo y el ingreso de capitales especulativos de corto plazo. Así las cosas, la caída de las acciones no tiene como fundamento único la suba de la tasa de interés de los EEUU sino que incluye la caída de beneficios de las empresas.

El dato más demostrativo de la naturaleza de la crisis radica en que las empresas que más han caído fueron las vedettes del macrismo, en particular las acciones de las energéticas y los bancos. En relación a las primeras, se ha abierto una crisis porque el macrismo no tiene condiciones para cumplir los contratos firmados de dolarización de tarifas. Si se trasladase toda la devaluación a la tarifa, éstas debieran incrementarse en el segundo semestre en un 80%. Pero un tarifazo de este nivel, cuando los incrementos acumulados ya superan el 1000% en dos años, es sencillamente inviable. La atenuación de los aumentos ha abierto una lucha interna entre las distintas ramas de las empresas de energía (petroleras, generadoras, transportadoras y distribuidoras) por ver quién paga la consecuencia de la crisis. Por otro lado, la posibilidad de que los aumentos no ejecutados se compensen con subsidios no es viable, pues chocaría con la reducción del déficit pactada con el FMI. En relación a los bancos, la caída de sus acciones está asociada a las últimas medidas adoptadas por el BCRA. La suba de los encajes y la reducción de la tenencia de dólares han creado una situación de mayor vulnerabilidad, que se traduce en la caída de sus acciones. Se van creando las condiciones para que la corrida cambiaria se combine con una corrida bancaria.

La suba del riesgo país, resultado de la venta de los bonos de deuda del Tesoro, es otro factor de agravamiento de la crisis, ya que bloquea aún más la posibilidad de obtener financiamiento tanto por parte del Estado como de las empresas, a no ser a tasas directamente usurarias. Este financiamiento, sin embargo, sigue siendo crucial dado que los dólares pactados con el FMI están muy lejos de cubrir las necesidades de la economía argentina. El déficit de cuenta corriente para este año se estima en 30.000 millones de dólares, a lo que debe sumarse el agujero fiscal del Estado –nacional, provincial y municipal. La suma de todos estos déficits supera con creces las cifras pactadas con el FMI; sin financiamiento, por lo tanto, Argentina menea un nuevo default.

Bien visto, la crisis de la última semana es más grave que todo lo ocurrido hasta el momento, porque se da luego de que el Gobierno juegue sus cartas más importantes -el pacto con el FMI y la declaración de mercando emergente-. Llegado a este punto la tendencia al default económico se conjuga con el default político. Este cuadro parece percibirlo la cúpula del propio Fondo Monetario, que ha desarrollado un activismo político redoblado para lograr un pacto político que incluya al PJ y a la burocracia sindical en un plan de salvataje del gobierno. En las últimas horas se conoció, por ejemplo, una conferencia virtual entre el FMI y la CGT y la CTA, donde los técnicos del Fondo se pronunciaron por un pacto económico y social, que incluya a los sindicatos. Durante la jornada en la que el dólar rozó los 30 pesos, los gobernadores del PJ reafirmaron su voluntad de aprobar el presupuesto del ajuste fondomonetariasta. La tentativa de un Gobierno de coalición la está modelando el capital financiero internacional.

La concreción de esta variante supone una crisis de gabinete de mayor alcance, que desplace al núcleo duro del macrismo. Varios comentaristas políticos han revelado que la dupla Rodríguez Larreta-Vidal, partidaria de un mayor acuerdo con el PJ y la CGT, está enfrentada con Marcos Peña, que defiende que la camarilla más cerrada del Pro mantenga las palancas fundamentales del Gobierno. Estas peleas al interior del núcleo más duro del gobierno traducen los enfrentamientos que se van procesando en la propia clase capitalista, por ver quién paga parte de la factura de la crisis.

La crisis del Gobierno plantea para los trabajadores un cuadro político favorable para imponer los reclamos populares y derrotar el plan de guerra pactado con el FMI. Esto es lo que ocultan la burocracia sindical y la oposición patronal, en su afán de desmoralizar a los trabajadores y dejar pasar el ajuste.

De lo que se trata, por lo tanto, es de desarrollar el mandato dejado por el masivo paro nacional del 25 de junio. Para ello planteamos una campaña por un paro activo de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha para derrotar la ofensiva capitalista. La movilización convocada para el 12 de julio por el plenario nacional realizado el pasado 23 de junio en Lanús se inscribe en esta perspectiva. Al mismo tiempo planteamos al FIT un plan de intervención política planteando la salida de los trabajadores a la crisis. Es la hora de pasar a la acción.