A instancias del peronismo, el Senado reanudará la semana próxima el debate sobre la ley de extinción de dominio, que busca repatriar los bienes adquiridos a través del delito. La discusión tendrá lugar en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico, citado para el martes 24 a las 12.

El proyecto, aprobado en la Cámara de Diputados en junio de 2016, fue duramente cuestionado por el bloque que preside Miguel Pichetto, que presentó una propuesta alternativa. Hay además una tercera iniciativa, impulsada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y el jefe del bloque Pro, Humberto Schiavoni.

Las comisiones intervinientes ya realizaron rondas de consultas con especialistas y, mientras que algunos argumentaron que el decomiso es suficiente para atacar el problema, otros coincidieron en la necesidad de legislar sobre la extinción de dominio. Pero unos y otros coincidieron en criticar el texto con media sanción de la Cámara baja.

Tras esas jornadas, se firmó dictamen favorable sobre un proyecto con cambios que nunca fue tratado en el recinto y en consecuencia caducó. Ahora, todo indica que el Senado finalmente introducirá modificaciones. “Debemos tener una ley que sirva para que los efectos del delito puedan ser recuperados por el Estado”, remarcó Pichetto.

El proyecto aprobado en Diputados está planteado en la órbita civil y no penal. En cambio, la propuesta del bloque Justicialista en el Senado propone que la figura de extinción de dominio tenga autonomía dentro del proceso penal, y que el punto de partida sea la elevación de la causa a juicio.

Así lo explicó uno de los autores intelectuales del proyecto, Rodolfo Urtubey, quien puntualizó que “el procurador del Tesoro de la Nación será legitimado para iniciar esta acción, que tendrá un debido proceso que implica probar y requerir al imputado la prueba sobre el origen lícito de los bienes, sin invertir la carga de la prueba”.

“El mismo tribunal que tenga que dictar la condena de absolución, tendrá que dictar una sentencia en relación a esta acción civil, donde debe probar la vinculación de estos bienes con el delito”, explicó Urtubey durante la presentación del proyecto alternativo.

El senador indicó que el proyecto aprobado en Diputados ponía la tarea “en manos de fiscales del fuero civil comercial federal, y ese fiscal ante la mera sospecha podía iniciar una acción de extinción de dominio”, lo que “no se compadece con el sistema de garantías que tiene la Argentina”.