Los diputados porteños sancionaron por unanimidad las modificaciones al Código Fiscal vigente en el marco del plan del Gobierno de la Ciudad para la Regularización Urbana y Dominial (RUD) de Barrios Populares, cuyo objetivo es ordenar y agilizar en su totalidad el procedimiento de regularización de inmuebles.

De esta manera, se incorporará a la normativa el artículo 99 bis a fin de establecer que ciertas obligaciones de los escribanos no serán de aplicación para las escrituras que se realicen en el marco de los procesos de reurbanización de barrios populares y/o las que instrumenten la relocalización de los beneficiarios incluidos en tales procesos, dispuestos por parte del Gobierno cuando los otorgantes sean el Instituto de Vivienda porteño, la Corporación Buenos Aires Sur, la Secretaría de Integración Social y Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Asimismo, mediante la incorporación del inciso 71 al artículo 475 del Código Fiscal se propicia eximir del impuesto de sellos, a aquellos instrumentos públicos ó privados que tengan por objeto otorgar por parte del Gobierno, la posesión de inmuebles, la constitución, transmisión, modificación o cesión de derechos reales y la constitución de garantías reales, sobre inmuebles situados en la Ciudad, en el marco de los procesos de reurbanización de barrios populares, como así también a los instrumentos públicos destinados a la relocalización de los beneficiarios incluidos en tales procesos.

Cabe destacar que las leyes de reurbanización sancionadas implementan procesos de integración urbana, con la finalidad de superar las condiciones de vulnerabilidad social y lograr una integración plena y permanente en la Ciudad, de manera tal que sus habitantes puedan ejercer plenamente sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, consagrados por la Constitución del distrito capitalino y por la Constitución Nacional.

Al respecto de la medida, la presidenta de la Comisión de ‘Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera Y Política Tributaria’, Paula Villalba, explicó que “este proyecto exceptúa de aplicar lo establecido en algunos párrafos del artículo 98 y en el artículo 99 de la obligación legal de solicitar los certificados de deuda municipal y de cambio de titularidad a los escribanos” y destacó que “quedan eximidos del impuesto de sellos los instrumentos públicos ó privados que suscriba el Gobierno de la Ciudad en el marco de dichos procesos”.

“Esta Ley forma parte de las políticas que nutren al proyecto de urbanización e integración social con el objetivo de transformar a los barrios populares; la integración urbana conlleva el acceso a los servicios, la eliminación de las barreras urbanísticas, el desarrollo de espacio públicos, el fortalecimiento del sentido de pertenencia a una comunidad y a la propia ciudadanía”, manifestó.

En ese mismo sentido, consideró que “es una mejora sustancial de vida de todos los vecinos de esta Ciudad” y sentenció que “transformar a los vecinos en titulares de las mismas, contribuye a la mejora del hábitat y a una armónica regularización dominial y catastral”.

Por su parte, la legisladora de Unidad Ciudadana Paula Penacca señaló que “estamos de acuerdo con cualquier medida que el jefe de Gobierno envié a esta Legislatura y que sean tendientes a la integración de barrios humildes y de mejorar el acceso a la vivienda” y aseguró que “nosotros creemos que es más propicio condonar las deudas de ABL a la hora de generar la escritura, eso es lo que le da realmente una facilidad”.

“Los problemas de infraestructura de las villas son muy graves, es necesario, tener plazos concretos para que el Gobierno de la Ciudad pueda resolverlos”, completó.

A su turno, la presidenta del Bloque Peronista, María Rosa Muiños, pidió incorporarle a la medida un artículo que establezca que “el Gobierno de la Ciudad administrará las gestiones necesarias para que los gastos y honorarios de escritura estén a cargo del Ejecutivo”.