Por José Angel Di Mauro. Una ley votada hace dos años se ha transformado en una herramienta clave para revelar un entramado de corrupción cuya proporción y alcances no alcanza a poder vislumbrarse.
Paradoja I: un gobierno claramente “pro-mercado” tiene allí su talón de Aquiles. Cada estornudo que se registra en el mundo, acá se transforma en gripe -cuando no pulmonía-. Tan vulnerables somos.
Lo sabía el gobierno cuando emprendió el camino del gradualismo financiado por el endeudamiento externo, confiado en que el mundo apoyaba a una administración que venía a revertir lo que el populismo había provocado. Confiaba también en la rápida llegada de inversiones; fue el primer desaire. No previó tampoco -casi nadie lo hizo- que ganara Donald Trump en Estados Unidos y el mundo se pusiera patas para arriba.
Desnudo de prudencia, Trump es un hombre capaz de pretender manejar la política internacional a través de las redes sociales; de poner a temblar los mercados con un tuit desatinado. Así fue que desató la crisis turca, y nosotros sufrimos. No fuimos los únicos, pero sí los más golpeados.
Un mes duró la tregua que había logrado Luis Caputo a su llegada al BCRA. Tras un viernes complicado, llegó el “lunes negro”. Paradoja II: esa tarde el presidente Mauricio Macri encabezaba una reunión del Consejo Presidencial Argentina 2030, un espacio de trabajo creado con el fin de diseñar políticas de Estado y estrategias de desarrollo a largo plazo… en un país donde es una incógnita lo que pasará al día siguiente.
Pudieron controlar la crisis incipiente, aunque el dólar quedó instalado en la línea de los $30. El presidente del Banco Central sorteó un nuevo “supermartes” anunciando la decisión de sacar de circulación a las Lebac para fin de año, y el riesgo país bajó, pero la convicción de que los vaivenes van a continuar y la necesidad imperiosa de reducir el déficit convencieron al Presidente de firmar los decretos que redujeron los reintegros a la exportación, suspendieron la baja de retenciones establecida para aceites y harinas, y eliminaron el Fondo Federal Solidario. Se espera con ello un ahorro fiscal de $12.500 millones para lo que resta del año y 53.000 millones para 2019.
Previsiblemente las medidas generaron reacciones adversas en los sectores afectados, pero ninguna como esta última, que puso en pie de guerra a la oposición en general y a los gobernadores en particular. Los ajenos despotrican y se preparan para ir a la Justicia, mientras los propios sacan cuentas y se quejan por lo bajo. Incluso los intendentes, también afectados por esta medida que prevé un ahorro fiscal para la Nación de $35.000 millones. Todos los sectores de la oposición presentaron proyectos contra la eliminación del Fondo que Cristina Kirchner creó en plena pelea con el campo, cuando buscó encolumnar a las provincias detrás de su cruzada. Se espera que en ambas cámaras promuevan la derogación de ese decreto, pero el gobierno no volverá sobre sus pasos en un tema que implica el 53% del recorte anunciado, por más que los gobernantes de Cambiemos también rezonguen.
La medida ha tensado aún más la relación con los gobernadores, a menos de un mes del inicio de la discusión del Presupuesto 2019. No será amable la animosidad que encontrará el gobierno nacional en esa negociación, al punto tal que cada vez es menos improbable que el Ejecutivo termine prorrogando el Presupuesto 2018. Ganas no le faltan, mas sabe que no es la señal que esperan en el Fondo Monetario. Por eso harán el máximo esfuerzo, pero hoy por hoy el resultado se ve como una moneda al aire.
Esas negociaciones se darán en el marco de una crisis económica que marcará los próximos meses, agravada por los coletazos del escándalo de las coimas que va a ralentizar inexorablemente la obra pública, ya dañada por el parate impuesto por la precariedad fiscal del Estado, que apostaba ahora todo a las PPP. Sin embargo ese esquema de financiamiento está puesto muy en duda a partir de las prevenciones de los bancos, que tienen reparos ahora para financiar a empresas salpicadas por corrupción.
Esa es una madeja que sigue desenrollándose: la prosa de Oscar Centeno fue apenas la punta de un ovillo que sigue girando. La semana terminó con el convicto José López declarándose arrepentido y poniendo en vilo a buena parte de la clase política -varios gobernadores incluidos-. La vorágine alcanzada es tal que cobra sentido la inquietud que se percibía en el ámbito político apenas aparecidos los cuadernos, traducida en llamados nerviosos a quienes podían tener acceso a la causa para verificar si sus nombres aparecían mencionados.
Roberto Baratta, el empleador de Centeno, era apenas uno de los ductos de recaudación de Planificación Federal, el ministerio por el cual pasó una gigantesca masa de dinero en la era K. Otro canal manejaba el convicto José López, ahora arrepentido. El tercer canal -y tal vez el principal, pues ahí se manejaban insondables masas de subsidios- era Transporte: Ricardo Jaime está preso y condenado ya en algunas causas; el viernes el juez Bonadio ordenó la detención de su sucesor, Juan Pablo Schiavi. ¿Otro futuro arrepentido?
El esperado paso de Cristina Kirchner por Tribunales no dejó mucho. Previsiblemente no declaró ante el juez y dejó un escrito también previsible, en el que denunció “persecución judicial”, recusó al juez y al fiscal, calificó a los periodistas que investigaron como “grupo de tareas” y atribuyó la investigación a la “caída abrupta de la imagen del gobierno”. Nada dijo de las acusaciones concretas, cosa que sí hizo el viernes, un día después de que un empresario arrepentido admitiera haber pagado 600 mil dólares por un decreto que firmó ella como presidenta.
En una larga interpretación brinda todos los antecedentes del decreto, incluyendo la participación del Congreso y otros organismos como la SIGEN, para concluir que su intervención se limitó a “lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la UNIREN”. Como sea, el artículo 2° de ese decreto faculta al Ministerio de Planificación Federal para “realizar las interpretaciones, aclaraciones y modificaciones que sea necesario efectuar al CONTRATO DE CONCESION oportunamente suscripto con la empresa concesionaria HIDROVIA SOCIEDAD ANONIMA, en virtud de los cambios determinados por el ACTA ACUERDO referida en el Artículo 1º”. Ahí parece estar lo que el ahora arrepentido dice que negoció.
Luego la nota de la expresidenta avanza por carriles políticos, cargando contra un gobierno que a su juicio provoca que el país “se esté cayendo a pedazos”, le pega al juez en particular y a la Justicia en general y denuncia “un evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido”, marcando la línea que de ahora en más seguirá el kirchnerismo al argumentar contra el avance de la investigación. Esa figura fue convertida en ley en Diputados el 19 de octubre de 2016 por 137 votos a favor y ninguno en contra. Esto es, por unanimidad… pero con el detalle de que no fue votada por el kirchnerismo, que se había ausentado del recinto para sumarse al paro organizado ese día por las mujeres contra la violencia de género. Por ese mismo motivo tampoco estaban en sus bancas a la hora de votar los diputados del bloque Justicialista, Libres del Sur y la izquierda.
Se esperaba que Cristina Kirchner se expresara sobre las acusaciones en su contra el miércoles pasado en el recinto, durante la sesión del Senado que debía debatir el allanamiento a sus propiedades. Sus allegados habían adelantado que estaba dispuesta a hablar, pero la sesión se cayó por falta de quórum. Insólitamente a Cambiemos le faltaron dos senadores, uno de ellos de vacaciones en Europa. Detalles que no se le pueden escapar a un oficialismo en minoría. Federico Pinedo justificó a su par Esteban Bullrich sugiriendo que el peronismo hubiera retaceado los miembros necesarios para no alcanzar el quórum, pero en ese caso podrían haberle cargado toda la responsabilidad a la oposición. No ahora.
Junto con “el allanamiento más publicado de la historia judicial argentina” -tal la definición de Miguel Pichetto-, debía debatirse ese día extinción de dominio, un proyecto que en estas circunstancias adquiere una trascendencia mayor. Tal vez allí radicaran las causas reales de la reticencia a sesionar, habida cuenta de la falta de acuerdo para alcanzar un dictamen consensuado que concite una cantidad de votos que impida que Diputados ratifique el proyecto original. El bloque de Pichetto ya ha conversado con el kirchnerismo para que apoyen su proyecto y garanticen la aprobación.
No es el primer acercamiento entre las partes, habida cuenta de la manera que celebró el fracaso de la sesión la camporista Anabel Fernández Sagasti, que con un guiño al justicialismo sugirió que lo logrado en el Senado es “una oportunidad para construir lo que viene”.
