Tras la autorización del Senado al juez Claudio Bonadio, efectivos de la Policía Federal ingresaron al inmueble que la expresidenta tiene en la intersección de las calles Uruguay y Juncal. También hubo inspecciones en la casa familiar de Río Gallegos.
Pasado el mediodía de este jueves efectivos de la Policía Federal iniciaron el allanamiento al departamento de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en la intersección de las calles Uruguay y Juncal.
El operativo fue ordenado por el juez federal Claudio Bonadio, quien lleva adelante la causa por los “cuadernos de las coimas”, luego de que el Senado aprobara por unanimidad la autorización enviada por el magistrado, según establece la Ley de Fueros.
Además del departamento en el barrio porteño de Recoleta, se allanó la casa familiar de los Kirchner en Río Gallegos, en la calle Mascarello 441; mientras que la de El Calafate, en la calle Padre de Agostini y Los Tehuelches, será allanada este viernes.
En ausencia de la senadora -pasó la noche y la mañana en la casa de su hija Florencia, en Constitución, y por la tarde permaneció en el Instituto Patria-, les franqueó el ingreso el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, a quien no se le permitió permanecer en el lugar durante el operativo.
Así las cosas, el letrado se quejó con dureza del juez, afirmando que no había cumplido lo establecido por el Senado, y adelantó que solicitará al Consejo de la Magistratura el juicio político de Claudio Bonadio por “mal desempeño de sus funciones”.
El operativo en Río Gallegos arrancó a las 14.30, y duró alrededor de tres horas y media, a diferencia del departamento en Recoleta que se extendió por 13 horas.
“Si algo faltaba para consagrar la persecución política y el uso del Poder Judicial era esta causa”, se defendió en su discurso en la Cámara alta la expresidenta, quien muy enfática apuntó contra el magistrado y el Gobierno nacional.
Según la investigación, Cristina Kirchner está apuntada como organizadora de una presunta asociación ilícita, producto de una red de coimas provenientes de la obra pública y el sector energético.
La causa estalló con la revelación de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta -exnúmero dos de Julio De Vido-, quien mencionó a la exmandataria en sus anotaciones, donde describió cómo se trasladaban bolsos llenos con dinero en su auto.
Entre los involucrados figuran exfuncionarios durante la era kirchnerista y empresarios. En total hay más de 30 imputados y 14 detenidos hasta el momento.
