La demora del Senado en autorizar la requisa sobre las viviendas de la expresidenta dejó al descubierto el obstáculo impuesto en la propia norma. En Diputados, el proyecto de Cambiemos perdió estado parlamentario, mientras que Graciela Camaño volvió a presentar el suyo. Laura Rodríguez Machado también retomó el tema.
Por Carolina Ramos
La demora de tres semanas del Senado en autorizar los allanamientos sobre tres viviendas de Cristina Kirchner trajo a colación los intentos fallidos en el Congreso para reformar la Ley de Fueros y suprimir la necesidad de que el pedido judicial deba ser aprobado en el recinto. La falta de acuerdos políticos impidió hasta ahora que los proyectos avanzaran, pero a partir del caso de la expresidenta el debate podría reactivarse.
Sucede que el artículo primero de la ley actual indica expresamente que “no se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”. Esto significa que, si un magistrado decide tomar esa medida, debe contar con la autorización del pleno de la Cámara de Diputados o del Senado, según corresponda.
“Desde nuestro punto de vista eso es un exceso reglamentario, porque la Constitución sólo nos otorga a los legisladores inmunidad de arresto e inmunidad de opinión, pero no inmunidad de allanamiento. Eso es algo que se agregó en la ley, pero que no está en la Constitución. Lo que buscamos es hacer más fáciles los allanamientos, porque nos damos cuenta que así, discutidos durante dos meses en el Congreso, los allanamientos pierden su valor”, explicó a parlamentario.com el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli.
Esta situación ya había sido advertida en 2016, con Julio De Vido como protagonista. Es que en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, el juez Luis Rodríguez tuvo que frenar un allanamiento, el 29 de abril de 2016, porque el exministro de Planificación se amparó en sus fueros. Tonelli presentó entonces un proyecto de resolución para autorizar el procedimiento, pero en la Cámara baja la primera votación fracasó. La iniciativa recién pudo ser aprobada en la sesión de aquel 23 de junio, casi dos meses después del primer intento de allanamiento.
Como coletazo, el jefe del Pro, Nicolás Massot, y la secretaria parlamentaria del bloque, Silvia Lospennato, presentaron un proyecto para eliminar el último párrafo del artículo primero de la ley, y así despejar el camino a cualquier juez para allanar domicilios de un legislador o interceptar sus comunicaciones sin necesidad de pedir autorización alguna.
Pero a pesar de los intentos del macrismo en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ese proyecto no prosperó por la negativa de la UCR, y ahora perdió estado parlamentario. “No solo no nos acompañó la oposición, sino que tampoco nos acompañaron muchos de los nuestros”, recordó Tonelli a este medio.
Había además otra propuesta de Graciela Camaño, que también caducó, pero la titular del bloque massista la volvió a presentar el 29 de mayo de este año. Allí también se modifica el artículo primero de la Ley de Fueros, pero de manera más suave: el texto establece que, para allanar, el juez no deba pedir autorización del recinto, pero sí del presidente de la respectiva Cámara.
En el Senado, Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, anunció durante la sesión de este miércoles que insistirá con un proyecto idéntico al de Massot, que también había perdido estado parlamentario.
“Esperemos que ahora que todo el país está viendo este debate, podamos avanzar con ese tratamiento y nunca más sea necesaria esta autorización por parte de ninguna de las dos Cámaras y tardemos tiempo y meses en dar esta autorización para los allanamientos”, dijo Machado, al recordar que antes del año 2000, cuando se sancionó la ley que rige en la actualidad, el voto del pleno no era necesario.
El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ya dio la venia para impulsar el debate, aunque se esperan resistencias. El puntano Adolfo Rodríguez Saá fue uno de los que ya adelantó que no acompañará el proyecto de Cambiemos.
“Yo voy a votar en contra del proyecto que propone la senadora Rodríguez Machado suprimiendo el tema de los allanamientos. ¡Se justifica! La Constitución establece que es una medida restrictiva. ¡Es restrictivo! No es que el juez allana a quien quiere y por cualquier razón a ver si encuentra algo; tiene que decir cuál es la razón”, argumentó el senador.
