El trabajo analiza el período 2014-2016 y detalla deficiencias en el mantenimiento, limpieza, seguridad y accesibilidad para personas con movilidad reducida, lo que revela el incumplimiento de los organismos del Estado en su función de control.
El Colegio de Auditores Generales de la AGN aprobó por unanimidad un informe que analiza la gestión de distintos organismos públicos en el gerenciamiento y control de las estaciones ferroviarias de Retiro, Constitución, Once y Federico Lacroze.
El informe, presentado por el auditor general Gabriel Mihura Estrada, analizó el desempeño de las empresas Administración de Infraestructura Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE) y Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE) durante el período enero 2014 – junio 2016.
Destaca importantes deficiencias en el mantenimiento, limpieza, seguridad y accesibilidad para personas con movilidad reducida, lo que revela el incumplimiento de los organismos del Estado en su función de control de los servicios prestados por las empresas concesionarias de esas terminales. Por ejemplo, se constató que aun cuando la CNRT constató esas deficiencias, SOFSE no intimó ni sancionó a las concesionarias.
El informe verificó irregularidades en los contratos de concesión, como sucesivas prórrogas que consintieron que las empresas siguieran explotando las terminales una vez vencidos los contratos, sin la correspondiente actualización de los cánones que debían abonar al Estado esa explotación. Y agrega que cuando finalmente se restituyeron las terminales al Estado Nacional, como en el caso de Retiro Mitre, Retiro San Martín y Constitución, no se implementaron los mínimos resguardos para certificar el estado de las mismas, para aplicar las penalidades previstas en los contratos, ni para determinar en el caso la pertinencia de efectuar reclamos contra los concesionarios por daños y perjuicios.
Sin embargo, señala el informe, se devolvieron al concesionario las pólizas que garantizaban el cumplimiento del contrato, lo que frustró la posibilidad de hacer efectiva esa garantía (Retiro San Martín), no se ejecutaron aun cuando se verificó la rescisión por incumplimiento (Retiro Mitre), o los avales se encontraban vencidos al momento de la rescisión (Constitución).
Durante la auditoría se observó que en noviembre de 2015, a menos de veinte días del cambio de gobierno, SOFSE le otorgó al concesionario de la Estación Once, una empresa del grupo Otero, una indebida ampliación del plazo del contrato, es decir que en lugar de vencer la concesión en 2025, se extendió el plazo hasta el 2033. Esa decisión, señala también el informe, fue adoptada en forma irregular, sin la debida justificación, invocando normativa inaplicable al caso, y sin sustanciación formal en el expediente correspondiente.
La ADIFSE durante más de cinco años no facturó ni cobró a la empresa concesionaria de la Estación Federico Lacroze, y recién lo reclamó cuando el equipo de auditores detectó esa anomalía.
El informe analiza también la vinculación existente entre las distintas empresas que explotan las terminales y las personas que ocupan los locales comerciales. “Creo que los hallazgos encontrados justifican detenernos en este punto”, explicó Mihura Estrada al remarcar el esfuerzo que hubo que realizar durante la auditoría para revelar los grupos empresarios detrás de las personas físicas que aparecían como titulares de la explotación comercial de los locales. Ello permitió detectar que dos tercios de la totalidad de los locales comerciales fueron asignados a dos grupos empresarios, lo que fue posible porque SOFSE no publicitó debidamente los llamados a realizar ofertas por dichos locales.
En relación a la estación Retiro San Martín, que el concesionario explotó durante más de 7 años en base a contratación directa originalmente limitada a 12 meses, se pudo verificar que si bien la restituyó en el 2015, la SOFSE asignó la totalidad de los locales comerciales a personas vinculadas a la misma empresa.
Una vez explotadas las terminales directamente por el Estado, se constató que la asignación de los espacios comerciales se hizo sin cumplir los requisitos establecidos en la normativa aplicable, como la tasación previa del Tribunal de Tasaciones de la Nación, ni la difusión y comunicación necesarias para garantizar la participación de más interesados.
Ante las anomalías detectadas, la AGN decidió comunicar el informe al Juzgado Federal de Sergio Torres, quien tramita una causa en la que ya se están investigando irregularidades cometidas en el ámbito de la empresa SOFSE.
