En la Legislatura fueguina se aprobó el pedido de informe presentado por Cristina Boyadjián por los daños ocasionados en bienes y recursos provinciales por la instalación de gasoductos.
La Legislatura fueguina aprobó, a instancias de la iniciativa de la legisladora Cristina Boyadjián, un pedido de informe al Ejecutivo sobre las actuaciones llevadas a cabo por el pago de canon por servidumbre de paso y daños ocasionados en bienes y recursos provinciales por la instalación y funcionamiento de gasoductos de las empresas licenciatarias de los mismos.
La iniciativa, que fue presentada en la séptima sesión ordinaria de la Legislatura, contó con el voto unánime de los legisladores provinciales. Por medio de este pedido de informe se solicita al Ejecutivo que, a través del área correspondiente, informe a la Cámara Legislativa, de forma documentada y en un plazo no mayor a quince días, respecto de varios aspectos como: la superficie de predios fiscales, bienes y recursos afectados por la servidumbre de paso de gasoductos; el valor de canon ofrecido a pagar por Camuzzi, valor canon establecido por Enargas y el valor de mercado de la servidumbre de paso; los acuerdos entre empresas licenciatarias y el gobierno provincial sobre valores de pago de cánones; y la intervención del Fiscal de Estado, entre otros.
La legisladora Boyadjián afirmó que es de público conocimiento que la empresa Camuzzi deberá abonar a la provincia en concepto de pago de canon por paso de servidumbre desde el año 2010 a la actualidad un monto que rondaría aproximadamente en los 613.841 pesos. En tal sentido, indicó que “es preciso que se informe respecto de los motivos de la determinación de una suma tan irrisoria, como así también la intervención de los órganos de contralor del erario provincial. Asimismo, no se han remitido a la legislatura documentación al respecto para su tratamiento y consideracion”.
En tal rigor, continuó la legisladora del Movimiento Popular Fueguino: “Resulta menester -sin desconocer la existencia de reglamentación de Enargas para determinar el valor del canon-, que el mismo puede ser mejorado por un acuerdo superador o en última instancia pedir su revisión judicial en tanto aquella reglamentación, podría resultar irrisoria e irrazonable y por consecuente objeto de reclamo”, manifestó.
Asimismo, advirtió que tampoco “se conoce respecto de reclamos o pago de los daños causados en los predios fiscales o los daños causados al patrimonio provincial, en particular respecto de los recursos naturales (árboles, suelo, cursos o espejos de agua, etc.). Desde el MPF tenemos un firme compromiso en defender los derechos de todos los fueguinos y de ahí este pedido de informe”, finalizó Boyadjián.
