El Gobierno de Salta reglamentó la Ley 8.024 de creación del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la adecua al requerimiento internacional, ratificando derechos reconocidos en la Constitución nacional y en la Constitución de Salta.

“Salta cumplió con un compromiso adquirido y se pone a la vanguardia por ser la primera provincia en dar este paso”, dijo Marcelo López Arias, ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia. Marcó el funcionario el enfoque preventivo que sustenta la normativa y el trabajo en materia de derechos humanos en la Provincia.

El decreto 1.139 que reglamenta la ley dictada el año pasado establece la creación de un Comité Provincial que estará integrado por un representante del Ejecutivo, uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores y dos por las ONG. Estos últimos serán elegidos por concurso público.

También actuará un Consejo Consultivo que atenderá las sugerencias y analizará lo monitoreado por el Comité a fin de proponer la creación de políticas públicas.

El director de Promoción y Formación de Derechos Humanos y representante del Mecanismo Local de Prevención de Tortura, Ricardo Nioi, explicó que los integrantes del Comité tendrán acceso irrestricto a todos los lugares de detención, sus instalaciones y dependencias y a la información que requiera.

Nioi coincidió en que Salta se puso a la vanguardia al adaptar su ley. “Cumplimos con el examen periódico universal de Naciones Unidas. Al haber adherido el país al OPCAT (protocolo facultativo del organismo internacional), estamos obligados a adecuar la legislación interna y a crear mecanismos específicos”, indicó el funcionario.