Peticionar a las autoridades es un derecho constitucional. Por extensión, también reclamar y protestar. La democracia puede ser incómoda para el ejercicio del gobierno, pero su ausencia sería nefanda para el pueblo ciudadano y habitante. Empero, en nombre de esas prerrogativas y de la consigna “no se puede criminalizar la protesta”, el país ha naturalizado el crimen cotidiano en sus espacios públicos. Acudamos a la definición de crimen: “Acción o cosa que perjudica a alguien o algo”. Se ha vulgarizado indebidamente que crimen es sólo sinónimo de homicidio, cuando en rigor es cualquier conducta reprimida por el Código Penal, incluida la resistencia a la autoridad (art.239), es delito, es crimen. Lanzar bombas molotov, pedradas y cascotazos a la policía que tiene el cometido de preservar el orden público es redondamente criminal. Destrozar los bancos de una plaza u otras acciones semejantes configura el delito de daños. Estas conductas están tipificadas en el Código como acciones criminales. Igualmente, si un puñado de diputados nacionales impide que la policía ejecute su trabajo de mantener y/o restablecer el orden -por caso, desplazando unas vallas para que no pueda avanzar un camión hidrante-, esos legisladores deben ser detenidos porque sus fueros cesan ipso facto ante la flagrancia del delito.

Seguramente, lo antedicho nos impresiona. Es que durante muchos años hemos convivido casi indolentes ante estos crímenes cotidianos -a lo que cabe agregar el corte de calles, avenidas y rutas que también son delitos ¿Qué decir de grupos de encapuchados con palos y bombas molotov? Cometen otros crímenes como intimidación pública, amenazas (art.211). Provocar tumultos asimismo es un crimen. Amenazar con incendiar al Congreso tipifica, en principio, el delito de sedición.

El argumento de que se hacen marchas que interrumpen el tránsito no es válido. Una manifestación excepcional es parte del sistema de libertad. Pero es eso, una rareza, no una cotidianidad.

No puede coexistir el sistema democrático con el crimen cotidiano naturalizado en nombre de esa misma democracia. Es incoherente execrar a la dictadura y simultáneamente cometer actos repudiables, atentar contra la convivencia, la paz social y las instituciones. No se puede reclamar progreso social y a la vez mandar a la quiebra a pequeños comerciantes afectados por el clima de incertidumbre y temor que aleja a los clientes de vastas áreas de nuestras ciudades. No es esperable que los 350 mil millones de dólares del ahorro nacional que están fuera del circuito económico-financiero argentino se inviertan -generando actividad productiva y empleo genuino- en una sociedad de funcionamiento tan anómalo. Es hipócrita -por no decir cínico- invocar a la democracia, pero impedir que sesione la Cámara de Diputados porque se va a perder una votación.

Es oportuna una referencia: se mencionan en esta nota los cuantiosos fondos del ahorro nacional comúnmente identificados como “fugados” sin consignar la esperada “lluvia” de inversiones extranjeras. Es que jamás vendrán esos capitales foráneos no financieros si los nuestros se van. Acá no hay “ida y vuelta”. Existe un movimiento unidireccional de alejarse. Por eso, entre otros factores, como deseducación y corrupción, somos el país “antimodelo”, el país excepcional: poseemos todo, pero nos vienen aumentando las carencias como si no tuviéramos nada. Así, al final seremos unos desdichados, definitivamente. Dios nos salvará, dejará de ser “argentino”.

El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación debe revisar cómo asigna el 70% del presupuesto nacional. Asistir a los necesitados, a los vulnerables, a la niñez, a los pobres y a la indigencia es ineludible. Debería concebirse como una situación transicional. La política pública asistencial tendría que centrarse en la transitoriedad y apuntar al entrenamiento y capacitación para el trabajo. El enorme Ministerio con sus inmensos recursos tendría que erigirse en una virtuosa ‘bolsa de trabajo”. En él convergerían oferentes y demandantes de empleo. Operaría como puente y así cumpliría cabalmente con el mandato que indica su nombre: “Desarrollo Social” y Económico.

Es inadmisible que las asignaciones asistenciales sean materia de disputa entre las parejas. El tironeo -que puede derivar en violencia intramuros- es por la posesión de la tarjeta de débito, desgraciadamente pensando menos en los niños, su escolaridad y vacunación -un millón 200 mil bonaerenses no justificaron ambas sustantivas condiciones para la AUH- que en sus propios consumos, incluyendo la “satisfacción” de extendidas adicciones. Es igualmente inaceptable que los siempre vigentes “punteros” cobren peaje a los asistidos, extorsionándolos con que les quitarán el beneficio. Y es repudiable que esos recursos para los más humildes terminen financiando a las agrupaciones llamadas “sociales” dedicadas a la movilización permanente, moderna sustituta de la idea de León Trotsky de revolución permanente.

La gran mayoría en nuestra Nación quiere cambios, reformas y transformaciones, pero tiene una espontánea repulsión por esas dos permanencias. Aspira a que haya un tiempo para remover las causas del atraso y de la pobreza, pero desecha que vivamos un siglo de conflictos intestinos y hasta de guerras internas. Hemos soportado eso, casi un siglo de vaivenes, trastornos, enfrentamientos ¿Acaso nos olvidamos que en los cincuenta se decretó el “estado de guerra interno”? ¿Y qué era el CONINTES de los sesenta? Fue el reconocimiento de la existencia de una conflagración interior. Nos la hemos pasado guerreando, pero no dimos ninguna de las batallas decisivas contra la pobreza, el estancamiento, la desocialización, la decadencia de la familia, la mala política, la corrupción sistémica (siempre la padecimos, pero no como sistema). Se proclaman como nunca antes los derechos humanos, pero la corrupción priva de cloacas al 70% de los habitantes de muchos distritos como Florencio Varela y se mueren más de 200 presos de 80 años sin condena firme. Algunos, sólo con preventiva.

Además de vivir como “vecinos” del crimen impune, sufrimos la paradojal situación de que se movilizan por el progreso, pero generan más atraso; por la educación, pero el resultado es la penosa degradación de la escuela pública; por los vulnerables, pero la perspectiva es que la pobreza ascienda en una década al 50% ya que esa es la proporción de niños que crecen en esa condición.

Sabemos que la política debe transmitir emoción. No puede ser sólo razón. Pero convengamos que a pesar de tantos discursos “emotivos”, de tantísima retórica y “relatos”, la ausencia de razonabilidad se está haciendo sentir muy fuerte y está alcanzando a todos sectores, inclusive a sedicentes “racionales”. Porque no es “racional” proponerle a una Nación entera que su único objetivo es el déficit cero empleando la cuchilla y no el bisturí. Porque para un plausible déficit 0 lo primero que debe hacerse es no dibujar el presupuesto, sino elaborarlo sobre “base cero”, es decir desmenuzando partida por partida. Así, se podría recortar el inenarrable y muy añejo despilfarro y gran parte de la corrupción, sin sacrificar la obra pública y las genuinas inversiones sociales y científico-tecnológicas.

Una conocida consigna expresa “¡se puede!”. ¡Claro que se puede! Pero hay que hacer infinitamente mejor las cosas.