La senadora nacional Silvina García Larraburu presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia del sector eléctrico nacional, hasta el 31 de diciembre del año 2020.

Además, con el objeto de reformular las bases en el cálculo de las tarifas, la normativa establece que la AGN realice dos auditorías: una de las bases para el cálculo de las tarifas de los contratos de concesión a transportistas y distribuidores de electricidad y del control de regularidad en su aplicación, determinadas por el Ente Nacional Regulador de Electricidad; otra del estado de cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de transporte y distribución de electricidad.

“La revisión de los cuadros tarifarios, que se inició en diciembre de 2015, no estuvo acompañada por un análisis del estado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por los concesionarios, la composición de sus costos, las inversiones y las amortizaciones”, advirtió al respecto la senadora.

En ese sentido, agregó que “tampoco se examinó si esas denominadas ‘señales económicas’ se correspondían con hechos concretos ratificados o si la no realización de inversiones respondía a causas de otra naturaleza”.

Para Larraburu, ese proceso de revisión ha tenido como resultado un creciente ajuste de las tarifas, que han escalado en un 1200% y que “atentan contra la mayor parte de la población, aumentando su vulnerabilidad y generando una demanda creciente de tarifas sociales, ante la disyuntiva de no poder pagar las facturas de servicios y padecer la interrupción del respectivo servicio”.

La normativa prevé que a los usuarios alcanzados por la tarifa social se les descuente el 100% del monto de sus facturas, para consumos de hasta 300 kW por mes.

“Es decir, mientras se cursa el proceso revisivo propuesto, se implanta una tarifa social básica más amplia que la vigente, contemplando la gravedad de la situación que afrontan sus destinatarios”, finalizó.