En pos de promover un uso racional de la energía, la Defensoría del Pueblo pidió la adhesión a la Ley 27.424 y que se instale en los barrios el equipamiento necesario para integrarlo a la red de servicios.
Con el objetivo de promover el uso racional de la energía y de disminuir el impacto ambiental, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad impulsó un proyecto para que la Legislatura porteña adhiera a la Ley 27.424 -Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública-, lo que le permitirá a los usuarios generar energía renovable para consumo con inyección de excedentes a la red.
La medida establece que la energía generada por los usuarios e inyectada en la red deberá ser compensada en la factura, expresándose el precio de cada banda horaria tanto para la inyección como para la demanda; garantizando el pago de un precio justo de acuerdo al cuadro tarifario vigente.
Por otra parte, el proyecto prevé la creación del “Programa Social de Generación Distribuida de Energía Renovable”, cuyo principal objetivo es el de la instalación del equipamiento necesario para ser integrado a la red pública del servicio energético en los barrios.
En los fundamentos de la iniciativa, la Defensoría explicó que “el acceso a la energía constituye un derecho elemental y un presupuesto necesario e ineludible para el bienestar y el confort de los seres humanos” y destacó que “el régimen impulsado por la Ley 27.424 representa una iniciativa novedoso, cuya implementación efectiva generaría un impacto social positivo, bregando por la utilización racional de energía eléctrica a la red de distribución”.
“Es una obligación ineludible adoptar las medidas necesarias a los efectos de facilitar el acceso a las innovaciones tecnológica que permitan la generación de energía renovable”, sostiene y recordó que “la Ciudad ha contado con iniciativas vinculas con esta política, como por ejemplo, la instalación de paneles solares en el Metrobus 9 de Julio”.
Cabe remarcar que la medida se da en el marco de la emergencia energética en el sector eléctrico -declarada por decreto PEN 134/2015-, acentuado por el incremento en las tarifas. “Ello redunda en un fenómeno novedoso para nuestro país que es el de la pobreza energética como imposibilidad, dificultad o alto costo en el acceso de los usuarios a los servicios públicos esenciales”, concluyen los fundamentos.
