Vecinos de Villa 31 denunciaron que quieren subastar el barrio

En el marco de una marcha que encabezaron frente a la Legislatura porteña, los manifestantes advirtieron acerca de un proyecto del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, para tomar una deuda por 175 millones dólares y para vender unos predios de dicho barrio.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, impulsara una iniciativa para tomar una deuda por 175 millones dólares y vender una serie de terrenos pertenecientes a la Villa 31 para financiar las obras del Paseo del Bajo, vecinos de ese barrio marcharon a la Legislatura porteña en repudio a la medida y aseguraron que “la villa no se vende”.

En ese sentido, los manifestantes denunciaron que buscan expulsarlos de sus viviendas y advirtieron que “contrariamente a las leyes vigentes, el acuerdo con el Banco Mundial habilitó la negociación entre el Gobierno y los habitantes del barrio, cuyo efecto inmediato fue el pago a las familias para que estas abandonen Villa 31; a través de la resolución 208/2016 el Gobierno habilitó la cesión de derechos y fomentó la especulación sin fines de arraigo”.

“Aquellas familias que no quisieron ceder sus viviendas fueron amenazados con ser desalojadas por la fuerza, expulsadas del país, con perder la tenencia de sus hijos o serles cortados los servicios de agua y luz”, aseveraron.

PAE

En ese sentido, El Destape aseguró que el “Polígono Barrio 31”, que abarca 355.455 metros cuadrados, en mil millones de pesos (es decir, unos 28 millones de dólares). A ese polígono se le sumaron otros siete terrenos que lo circundan y suman 191.917 metros cuadrados por un total de 4.048 millones de pesos, algo más que 100 millones de dólares.

Asimismo, los vecinos cuestionaron duramente la forma en la que se está desarrollando el proceso de reurbanización de la Villa, por lo que advirtieron que el proyecto en cuestión “no habilita la escrituración de las viviendas, sino que obliga a aceptar una hipoteca a 30 años, que en caso de no poder ser pagada en su totalidad, quedará en manos de las instituciones financieras que las desarrollen” y remarcaron que “quienes no puedan pagarlo, de aplicarse las leyes vigentes, correrán el riesgo de perder sus viviendas”.

“No podrán desalojar nuestra dignidad y derechos. No al negocio inmobiliario”, sentenciaron.

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