En la sesión extraordinaria de este miércoles, diputados de la oposición plantearon sendas cuestiones de privilegio por la resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad en cuanto al uso de armas de fuego por parte de efectivos de las fuerzas federales.

Nicolás Del Caño (PTS/FIT) denunció la “gravedad de la escalada represiva” y señaló que esta medida “está planteando claramente una inconstitucionalidad; hoy así lo manifestó un juez ante la presentación de organismos de derechos humanos”.

El trotskista afirmó que la resolución, “viola leyes vigentes, tratados internacionales con rangos constitucionales, y lisa y llanamente están planteando legalizar el fusilamiento por parte de las fuerzas de seguridad a personas, por ejemplo, que se encuentren desarmadas. Plantean que no hace falta que den la voz de alto, y que no tiene que necesariamente haber recibido una agresión directa (el miembro de la fuerza)”.

El diputado consideró que “están legalizando el gatillo fácil” sobre el cual existen “estadísticas alarmantes en nuestro país”. Además, criticó que “Bullrich salió a festejar la impunidad en el caso del crimen de Estado de Santiago Maldonado en la previa a las movilizaciones contra el G-20” y que “nadie esté preso por el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel”.

A su turno, Araceli Ferreyra (Movimiento Evita) expresó el “repudio” de su bloque y consideró que a Bullrich “tendríamos que llamarla la ministra de la inseguridad y el gatillo fácil”. “Con esa resolución usurpa facultades de este Congreso, que somos los que establecimos cuáles son los delitos, las formas de actuación, los eximentes de responsabilidad”, apuntó.

También subrayó que “usurpa facultades del Poder Judicial, porque en realidad esta resolución no trata de dar órdenes de actuación a las fuerzas en situaciones complicadas, de persecución de delincuentes, sino que está tratando de crear eximentes de responsabilidad para los miembros de seguridad que abrazan la doctrina Chocobar”.

Criticando la gestión de la funcionaria, la diputada expresó que “más que de la doctrina Chocobar tendríamos que hablar de la doctrina Patobar”. Finalmente le pidió al presidente Mauricio Macri que “incluya el proyecto de nuestra autoría para derogar esta resolución por ilegal, por inconstitucional”.

Desde el FpV-PJ, la diputada Mónica Macha sostuvo: “Como sociedad hay algunos acuerdos implícitos que hemos hecho a lo largo de los años; uno tiene que ver con definir que hay una parte de la población que son las fuerzas de seguridad, autorizadas socialmente para utilizar armas de fuego en situaciones muy excepcionales y muy particulares; otro de los consensos es que la Argentina no tiene pena de muerte”.

“Sin embargo, la instalación de esta resolución implicaría que muchos escenarios sociales habituales podrían ser escenarios donde se desarrolle lo que hoy llamamos violencia institucional, violencia del Estado”, advirtió, al tiempo que opinó que la resolución es “un retroceso democrático muy importante y que pone en riesgo a toda la población”.

La kirchnerista manifestó además que esta medida “implicaría una vuelta a un proceso que ya conocemos, a una situación de riesgo de toda la sociedad y que, en definitiva, lo que traería para nuestra sociedad es una situación de crueldad irreparable y un modo de disciplinamiento social al que no queremos volver”, en alusión implícita a la dictadura militar.