El diputado nacional Sebastián Bragagnolo presentó un proyecto para que las autoridades deban obligatoriamente consultar el registro antes de incorporar nuevos integrantes a las diversas fuerzas.
En consonancia con lo implementado por la provincia de Buenos Aires, el diputado nacional mendocino Sebastián Bragagnolo presentó un proyecto de ley que propicia la creación de un registro público de agentes expulsados e inhabilitados de las fuerzas de seguridad, cuyo responsable sería el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La iniciativa plantea que las autoridades responsables de incorporar nuevos integrantes a las diversas fuerzas deban obligatoriamente consultar el registro al incluir nuevos aspirantes.
El objetivo fundamental es evitar que un agente ya sancionado pueda ser incorporado a otra fuerza provincial o federal, incluso a empleos vinculados a los servicios de la seguridad privada.
Con esta iniciativa Bragagnolo pretende que se centralice y registre la información que hoy transita por distintos circuitos administrativos, proponiendo el establecimiento de un registro nacional unificado que contemple a todas las fuerzas de seguridad existentes en el territorio argentino.
Las propias fuerzas y las autoridades judiciales que ordenen las distintas sanciones contempladas en la ley existente deberán informar obligatoriamente al Ministerio de Seguridad.
Asimismo, según indica el legislador, “con la transparencia como eje y permitiendo que la ciudadanía pueda ejercer control”, es que el registro deberá estar disponible en formatos electrónicos abiertos y será de consulta pública, acompañando el cumplimiento de lo establecido por la Ley N°27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada en el año 2016.
Bragagnolo, oriundo de Luján de Cuyo, resaltó que la importancia del registro responde a que la mayoría de las fuerzas de seguridad no cuentan en la actualidad con un listado de miembros sancionados y/o condenados judicialmente, por lo que resulta imposible conocer con claridad la situación administrativa y/o penal de sus miembros. En consecuencia, puede darse el supuesto de que una persona exonerada de una fuerza, logre su ingreso a otra, “siendo evidente que para que una política de seguridad sea efectiva no puede haber delincuentes dentro de ninguna de las fuerzas que deben velar por ella”, concluyó.
