Atento a la idea de atender un espacio que despierta singular preocupación en la sociedad, peleando el primer lugar permanentemente con la economía, el Gobierno sigue intentando buscar soluciones para la cuestión de la inseguridad, que parece depararle mejores resultados que el otro tema.

Convencido de que la opinión del común de la gente no es la misma que la de buena parte de la dirigencia opositora y los medios, el presidente echó mano hace algunos meses a un discurso verbal y gestual que iba en ese sentido al tomar una postura muy concreta en el caso Chocobar. Hacia fines de 2018 esa tendencia se ratificó con el protocolo para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad federales, y más recientemente con el anuncio referido a las pistolas Taser.

Ahora avanzará con un tema de vieja data, al que han meneado otros gobiernos pero que siempre queda en el camino: la baja de la edad de imputabilidad.

Ese no es un tema nuevo para el Gobierno, que dio señales de avanzar de manera decidida en enero de 2017, pero se quedó en el camino. En esa oportunidad el Gobierno insistió con su intención de enmarcar la baja de la edad de imputabilidad en una reforma más amplia, con la intención de discutirlo en el Congreso antes de las elecciones, si se lograba un consenso generalizado. Claramente eso no sucedió.

En ese primer encuentro celebrado el 12 de enero de 2017, hace justamente dos años, los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezaron un encuentro al cabo del cual ofrecieron una conferencia de prensa junto a los titulares de las comisiones de Legislación Penal de Diputados, Gabriela Burgos, y del Senado, Pedro Guastavino.

Garavano informó entonces que, según se había acordado en la reunión, “la discusión sobre la edad de imputabilidad” de 16 a 14 años iba a ser “el último punto” del debate, que se había disparado luego del asesinato del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores.

En la previa, el funcionario consideró que “la ley actual es un espanto” porque “es una ley de (Jorge) Videla, del año 80, de la dictadura, tiene más de 36 años y es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado”.

Ahora el Gobierno retoma el tema, según adelantó este domingo el diario Clarín, y el presidente estaría dispuesto a enviar un proyecto al Congreso para tratar de aprobarlo nada menos que en las sesiones extraordinarias de febrero. Pero a diferencia de la intención original, en lugar de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14, se pasaría a 15, aplicándola para los delitos más graves.

El tema fue analizado en la Casa de Gobierno en un encuentro encabezado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en ausencia del presidente Mauricio Macri, de vacaciones en el sur.

Previsiblemente, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich era partidaria de la baja de imputabilidad a 14 años, pero habría accedido a modificar su postura cuestión de garantizar la modificación de la ley vigente desde 1980.

Habría un sistema de escalas, y los menores de 15 años serían imputables solo por homicidio, violación, lesiones gravísimas, secuestros extorsivos y robo con armas de fuego.

Para los casos de mayores de 16 años y menores de 18, serían imputables cuando se trate de un delito cuya pena máxima de prisión sea igual o menor a tres años y podrían ir presos en caso de haber cometido un hecho comprendido en el Código Penal que tenga una pena máxima igual o mayor a diez años.

Asimismo el proyecto elaborado incorporaría mecanismos no tradicionales de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el acuerdo restaurativo para delitos menores, siempre con el aval de la víctima.

Según adelantó Clarín, en caso de que la investigación preliminar establezca que un menor de 15 años cometió un delito reprimido con pena máxima de 10 años, un equipo interdisciplinario elaborará un plan individual para acompañar al joven en su recuperación y evitar que avance en la carrera delictiva.

En el proyecto original, se adelantaba que buscarían la reinserción de los jóvenes más que el castigo y el cumplimiento de una condena, sin apartarse de la Convención sobre los Derechos del Niño que establece que los menores de edad deben cumplir sus penas apartados de adultos y no pueden ser castigados en ningún caso con prisión perpetua.