El diputado oficialista negó que el decreto sea inconstitucional y chicaneó a la oposición por las críticas. “Muchos son amigos de los procesados en la causa de los cuadernos”, lanzó.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro) celebró la decisión del presidente Mauricio Macri de establecer por decreto el régimen de extinción de dominio. “Forma parte de una lucha frontal del Gobierno contra el crimen organizado y las mafias”, sostuvo.
El legislador recordó que en el Congreso “no hemos logrado ponernos de acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado” en torno al proyecto, y consideró seguir estando “lejos” de un consenso. “El presidente ha recogido, creo que con buen criterio, un reclamo de la justicia de la necesidad de contar con esta herramienta”, señaló.
En diálogo con FM La Patriada, el macrista afirmó que “de ninguna manera” el DNU puede ser cuestionado -como ya lo es- por inconstitucional, ya que “esto no es materia penal, es acción civil. No tiene absolutamente nada que ver con la responsabilidad penal de los presuntos delincuentes”.
“Muchos de los que dicen que esto tiene tono electoralista son amigos de todos los que están procesados en la causa de los cuadernos”, chicaneó Tonelli a la oposición por las críticas. Y remarcó que “el foco es si realmente lo que queremos es luchar contra el crimen organizado, las mafias, el narcotráfico y la corrupción”.
En cuanto a su implementación, el oficialista explicó que “la nueva fiscalía que se crea, que va a funcionar dentro de la Procuración General, ante la sospecha de que hay bienes mal habidos por el inicio de un proceso penal, realice una investigación preliminar para determinar precisamente la posibilidad de que se esté ante bienes mal habidos”.
De esta forma, “si hay pruebas y elementos suficientes para considerar que se trata de bienes mal habidos, entonces en ese caso, los fiscales tienen la obligación de iniciar la acción de extinción de dominio”, agregó.
En esa línea, detalló que la extinción de dominio y la causa penal se tramitarán por separado: “De esta manera se puede lograr una incautación de esos bienes mucho antes de que haya una sentencia penal firme, que en Argentina suele demorar mucho tiempo”. En caso de que el sospechoso sea sobreseído al finalizar el juicio, el decreto prevé que se “tenga la posibilidad de reclamar esos bienes o la indemnización en caso de que los bienes ya no existan”.
